Administraciones y empresas han de mejorar de inmediato la gestión de la inmigración y la inserción laboral de los extranjeros si quieren evitar que el sistema de pensiones entre en crisis. La fecha límite para que aparezcan los primeros problemas es 2015, según Alfonso Jiménez, socio director de la consultora especializada en asuntos laborales People Matters. Según sus cálculos, la población foránea será entonces de ocho millones de personas, de las que seis millones tendrán la condición de activos (en disposición de trabajar) y dos vendrán como residentes, frente a una población total de 50,1 millones de personas.
La amenaza para el sistema de pensiones es consecuencia de varios factores. Los más relevantes, la baja natalidad entre la población nacional y el incremento de la llegada a España de inmigrantes en una edad próxima al disfrute de las pensiones. «No sólo estamos importando extranjeros jóvenes en edad de incorporarse al mercado laboral», advirtió Jiménez. Y entre los que llegan, un tercio se ocupa en actividades muy por debajo de sus posibilidades en función de sus estudios, con lo que cotizan menos de lo que pudieran.
Para tratar de adelantarse al eventual colapso, Jiménez sugiere potenciar la contratación en origen, que garantiza la llegada a un puesto concreto y con unas funciones determinadas y que reduciría el número de improductivos o mal empleados.
Por otra parte, la Comisión Europea reclama al Gobierno más reformas de las pensiones y la sanidad para reducir los costes ligados al envejecimiento de la población con el objetivo de garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas.
