La Agencia Catalana de Consumo (ACC) ha abierto expediente sancionador a 53 compañías aseguradoras ubicadas en Cataluña (el 74,64% del total) por 269 infracciones de la normativa de consumo (una media de 5,1 faltas por compañía). Estos expedientes, que tienen un periodo de tramitación de entre seis meses y un año, terminarán con la imposición de multas de 3.000 euros por infracción leve o 30.000 por grave.
La infracción más común, detectada en 50 compañías (68% del total), es la de no anunciar la tenencia de hojas de reclamación en carteles visibles. En este campo, también destaca que 39 aseguradoras (53%) no disponen de estas hojas o que 30 (41%) tienen documentos de reclamación propios (no autorizados).
Asimismo, 36 compañías (46%) no tienen visible su horario comercial, mientras que seis aseguradoras (8%) incumplen la normativa sobre el tamaño de la letra pequeña en los contratos.
Otras infracciones comunes son las referentes a la Ley de Política Lingüística. Así, 41 aseguradoras (56%) no disponen de documentos de oferta de servicios en catalán, 36 no tienen ejemplares de los contratos en este idioma (49%), 30 no tienen rotulación fija en catalán (41%) y tres carecen de contratos diferenciados en catalán y en castellano (4%).
Se da la circunstancia de que la mayoría de las 18 empresas que cumplen el 100% de la normativa en materia de consumo son de capital catalán o tienen su sede social ubicada en esta comunidad autónoma. Esto se debe, según el director de la ACC, Enric Aloy, a que «la mayoría de las empresas catalanas conocen su obligación» en materia de política lingüística, mientras que el resto suelen alegar «desconocimiento» o que sus contratos son «tipo y a ordenador». Sin embargo, Aloy precisa que esto «no es ninguna excusa» para incumplir la normativa.