Peligro, peligro. Las alarmas han vuelto a saltar en los mercados. La tan mencionada crisis de deuda periférica contagia con fuerza a España, que está en el punto de mira de inversores e instituciones. Cae la Bolsa, el euro, se encarece la financiación del Estado, de los bancos, de los particulares… ¿Tendrá que solicitar nuestro país ayuda económica a Europa, como Grecia o Portugal? ¿Cuáles son los mayores riesgos de la economía española? Conocerlos es fundamental para comprender la implicación de España en la crisis de deuda actual, y sus posibles consecuencias. Cinco puntos son fundamentales en el análisis: la crisis de deuda europea y su influencia en España, la prima de riesgo española, los datos macroeconómicos, la situación de los bancos españoles y el papel de las agencias de rating.
Crisis de deuda, ¿qué es? Se ha convertido en uno de los términos más mencionados en las crónicas económicas de los últimos meses. Este concepto hace referencia al incremento de la percepción del riesgo acerca de que determinados países no puedan cumplir con sus compromisos de pago, es decir, se vean abocados a la quiebra. España es uno de los países que está en el punto de mira.
En realidad, los mercados están «tocados» desde que a mediados de 2010 comenzaran a surgir las noticias sobre la posible insolvencia de Grecia. El déficit presupuestario griego se sitúa en el 10,5% del PIB, su deuda pública se situaba en el 143% del PIB a cierre de 2010. Pero va camino de terminar en el 155% en este ejercicio. En 2011, las previsiones del Fondo Monetario Internacional apuntan que el país heleno sufrirá una recesión del 3% este año.
En resumen, se encuentra desbordado de deudas y se muestra incapaz de hacer frente a sus pagos. En los mercados financieros, las alarmas saltan cuando la prima de riesgo de sus bonos (la diferencia entre lo que tiene que pagar Grecia en comparación con Alemania por colocar bonos a diez años) comienza a dispararse. Según los expertos financieros, cuando el interés que un estado debe pagar supera el 7%, significa que está al borde del colapso. En realidad, se toma el bono alemán a 10 años como referencia, ya que se mantiene siempre estable en su rentabilidad. La comparación con él sirve como un baremo muy fiable para determinar la salud económica de los países. En los últimos días, los bonos a 10 años de Grecia han marcado máximos históricos, al superar el 18%.
Grecia solicitó un primer paquete de ayuda por parte de Europa el año pasado: 110.000 millones de euros. Pero ahora Europa se prepara para otorgar otro paquete de ayuda millonario. Si Grecia no paga, su problema salpica a numerosos bancos europeos, que compraron deuda helena, entre otros, los españoles.
Desde que se conocieron las primeras noticias sobre la debilitada situación griega, el mercado castigó con fuerza, a modo de contagio, a los bonos españoles, italianos, portugueses e irlandeses. España está muy afectada por el problema griego, por haberse encasillado en este grupo de países y por compartir similitudes, como un fuerte déficit sobre el PIB y dificultades para financiarse en los mercados mayoristas.
El coste de financiación español: este apartado también podría llevar otro título, el de la prima de riesgo española. Todos los operadores del mercado se levantan cada día pendientes de ella -en la cotización del bono español-. La diferencia entre la rentabilidad del bono español a diez años y el alemán se ha convertido en un claro termómetro para medir las tensiones. En etapas de bonanza económica, lo habitual era que ambos bonos ofrecieran una rentabilidad similar (en 2004 y 2005, caminaban a la par, es decir, la diferencia era de 0). Sin embargo, desde mediados de 2010, el bono español ha ampliado su distancia respecto al alemán hasta alcanzar cotas insospechadas, por encima de los 380 puntos. Mientras que el Estado alemán (el que se toma de referencia por su liquidez e importancia en la zona euro) paga un 2,60% por colocar bonos a 10 años, el Tesoro español ha tenido que pagar hasta un 6%. Este coste de financiación es inasumible a corto plazo.
En este límite, los expertos sitúan la primera línea de preocupación para la sostenibilidad de la financiación pública española. El Tesoro se ve obligado a emitir con mucha frecuencia bonos para poder hacer frente a los vencimientos -también periódicos- y poder abonar los intereses pactados. En la actualidad, se mueve en una línea peligrosa, debido al encarecimiento del coste de financiación: en 2010, algo más de 16.400 millones de euros en bonos a 10 años. Financiarlos con un interés del 6% habría supuesto para el Estado un coste anual de 984,6 millones de euros.
El mercado descarga toda su virulencia frente a los bonos españoles por el efecto contagio de desconfianza hacia su economía y debido a los ataques especulativos. En los últimos días, además, las dudas respecto a la tercera economía de la zona euro, Italia, han añadido más presión. La deuda pública de Italia está en el 120% del PIB, uno de los principales datos que toman los mercados para medir el riesgo de impago. Italia es el tercer país del mundo más endeudado, solo por detrás de Japón y EE UU. España e Italia juntos representan el 25% del PIB de la eurozona. Sus complicaciones requieren una solución en el ámbito europeo.
Un encarecimiento de la financiación del Estado afecta también a las empresas y a los particulares. Por lo general, si crece la percepción sobre el riesgo de impago de España, las empresas se ven obligadas también a pagar más interés en sus emisiones de deuda, para financiarse. No hay que descartar que España pueda solicitar ayuda de algún modo a la Unión Europea, si el coste de financiación sube de forma vertiginosa.
Respecto a los particulares, el encarecimiento de la prima de riesgo les afecta, ya que eleva el coste de financiación de los bancos, lo que puede desembocar en una mayor restricción del crédito y en hipotecas más caras, tal y como ya sucede.
Debilidad económica española: además de la posible especulación y el efecto contagio injustificado, una serie de datos avalan la preocupación respecto a la economía española. La tasa de paro supera el 20%, el déficit público supera el 5% y la deuda sobre el PIB alcanza niveles del 75%. Aunque salió de la recesión hace algo más de un año, la recuperación desde entonces ha sido muy lenta, inferior a la de sus homólogos europeos. Según el último informe mensual julio-agosto del departamento de estudios de La Caixa, los indicadores disponibles apuntan a que en los próximos meses no mejorará la intensidad de crecimiento de la actividad, sino más bien se desacelerará un poco.
Las dudas sobre la economía española están centradas en tres cuestiones: el control del déficit, la creación de empleo y concluir la reforma del sistema financiero.
Inquietud en los bancos: la reforma del sistema financiero español es uno de los capítulos más preocupantes desde el punto de vista internacional. En general, los bancos están infracapitalizados (cuentan con menos capital del requerido para hacer frente a situaciones de mayor estrés en los mercados). En su último análisis, el Banco de España cifró en 15.152 millones de euros las necesidades de capital del sistema financiero español: bancos y cajas, en su conjunto, necesitan captar financiación por la cantidad mencionada para cumplir con los nuevos requisitos de solvencia impuestos por el Gobierno. La institución mencionó las entidades afectadas con nombres y apellidos: 12 entidades necesitan más capital, ocho cajas de ahorros o nuevos grupos de bancos, dos bancos españoles y dos filiales de bancos extranjeros.
En particular, las ocho cajas que no cumplen son Bankia (fusión de Caja Madrid, Bancaja, Caja Canarias, Laietana, Ávila, Segovia y Rioja), CAM, Banca Cívica (Caja Navarra, Caja de Burgos, Caja Canarias y Cajasol), Mare Nostrum (Caja Murcia, Caixa Penedés, Caja Granada y Sá Nostra), CatalunyaCaixa (Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y Caixa Manresa), NovacaixaGalicia (la unión de las dos cajas gallegas, CaixaNova y Caixa Galicia), Caja España y Unnim (Caixa Sabadell, Caixa Terrasa y Caixa Manlleu).
Para poder alcanzar los niveles de capital exigidos se plantean varias fórmulas: salir a Bolsa (opción por la que han apostado Bankia y Banca Cívica), lograr capital privado (por medio de fondos de capital riesgo, entre otros) o solicitar ayuda del Estado. En general, las entidades huyen de esta última alternativa. Una intervención estatal supone perder el control y el poder absoluto en la gestión.
Hasta ahora, los bancos españoles no han solicitado ayuda directa del Estado, como sí ha ocurrido con entidades alemanas, inglesas u holandesas, que hicieron inyecciones directas de capital sobre sus principales bancos. No obstante, no hay que descartar que en los próximos meses haya entidades que soliciten apoyo del Estado o una intervención, para poder subsistir.
El crédito que el conjunto de entidades financieras mantiene con inmobiliarias es uno de sus principales lastres y asciende a 417.000 millones de euros.
El poder de las agencias de rating. Las agencias de calificación de riesgos (Standard&Poor´s, Moody´s y Fitch) se han encumbrado como uno de los grupos con más poder en el mundo. Su negocio se basa en poner notas sobre la situación crediticia de estados, empresas y productos financieros. En los últimos meses, los continuos recortes que han efectuado sobre las economías periféricas europeas se han convertido en uno de los principales ingredientes de presión sobre los mercados.
Las rebajas de las calificaciones de deuda a Irlanda y Portugal al nivel de bono basura o a Grecia, hasta la cota cercana a la quiebra, han afectado, con un efecto contagio, a la economía española. El mercado, además, especula ahora con la posibilidad de que nuestra economía (junto con la italiana) sufra una rebaja en el rating. Esto implica que se encarecería todavía más el coste de financiación. De momento, España se mantiene con notas de doble A en las tres agencias. La situación empieza a ser agravante cuando se alcanzan calificaciones de BBB o menos. Entonces, los mercados interpretan que el país puede registrar impagos.
La visión negativa que mantienen Fitch, Moody´s y Standard & Poor´s sobre nuestra economía ya pasa factura.
