Mejorar la calidad de vida y garantizar un buen futuro económico para las personas discapacitadas es posible con la creación de productos financieros específicos para este colectivo, como sistemas de previsión social, planes de pensiones y seguros. Con este objetivo se creó Previgalia en el año 1999, por iniciativa de la Mutualidad de Previsión Social Pro Minusvalidos Psíquicos (MUTUALDIS). La entidad está especializada en dar servicios de asesoramiento, gestión financiera y actuarial a numerosas instituciones relacionadas con los personas con discapacidad, colectivo que alcanza los 3.000.000 de personas en España. Su director general, Jesús Ulloa, asegura que su trabajo es ilusionante y enriquecedor. Considera que las personas con discapacidad, y especialmente las personas con discapacidad intelectual y sus familias, no sólo tienen que superar barreras sociales. A menudo tienen que vencer las dificultades para acceder a los servicios y productos que ofrece el mercado asegurador y financiero. De ahí que se trate de aportar soluciones especificas a necesidades concretas para las que no encontraban respuesta en un mercado estandarizado. En opinión de Jesús Ulloa, su mayor reto es conseguir que las personas con discapacidad tengan a su alcance las mismas oportunidades que cualquier otro ciudadano. Afirma rotundo que invertir en un hijo con discapacidad es siempre una buena inversión.
Sí. Invertir pensando en el futuro de los hijos siempre es una buena inversión, independientemente que tengas un hijo con discapacidad o no. El tener un hijo con discapacidad aumenta la preocupación por quién se hará cargo de él cuando los padres no estén, ya que probablemente tenga mas dificultad que sus hermanos para ser autónomo y necesite que una persona o una institución esté pendiente de él. Lógicamente, cuanto mejor sea la situación económica de la persona con discapacidad, mayor será la tranquilidad de los padres por no dejar una carga económica al resto de hijos.
Si el aportante es menor de 65 años en el momento de la contratación, cuando fallezca se aumentará el patrimonio del plan en una cantidad equivalente al 50% de las aportaciones realizadas por el fallecido
Además, es importante no perder de vista que en los últimos años ha aumentado la calidad de vida de las personas con discapacidad y una consecuencia directa es el aumento de la esperanza de vida. Cada vez es más normal que los hijos con discapacidad sobrevivan a los padres. Cuanto antes nos demos cuenta los padres de esta circunstancia, más fácil y económico resultará procurar un futuro digno a nuestros hijos.
Ahora mismo existe una gran variedad de productos válidos para las familias con miembros que tengan una discapacidad. Si tenemos que recomendar algunos por ser exclusivamente diseñados para estas familias yo me inclinaría por tres, en concreto. En primer lugar, por el plan de pensiones “Protección Discapacidad” en el que el partícipe (titular de los derechos consolidados del plan) siempre es la persona con discapacidad, los aportantes (quienes realizan las aportaciones dinerarias) pueden ser los familiares de la persona con discapacidad hasta segundo grado y se benefician de las desgravaciones en la declaración de la renta. El perfil de las inversiones es conservador y si el aportante es menor de 65 años en el momento de la contratación, cuando fallezca se aumentará el patrimonio del plan en una cantidad equivalente al 50% de las aportaciones realizadas por el fallecido, con un máximo de 30.000 euros.
En cuanto a seguros, destaco el producto “Vidadis Hoy” que, mediante una prima pagada de una vez por el familiar, se establece una renta vitalicia que la persona con discapacidad empieza a percibir desde el mismo momento en que se contrata la póliza, hasta su fallecimiento. Por último, el seguro “Vidadis Mañana”, mediante una cuota determinada, establece un capital que puede ser convertido en renta una vez haya fallecido el familiar, y cuyo beneficiario será la persona con discapacidad. Tiene múltiples modalidades para que el familiar escoja la que más le conviene.
El sector financiero no distingue entre productos para personas con discapacidad y productos para personas sin discapacidad. Sin embargo en el sector seguros sí existe esta disyuntiva: no es lo mismo contratar un seguro de vida para una persona sin discapacidad que para una persona con discapacidad, si es que logra contratar alguno. Tan sólo podemos hablar de aceptación de este tipo de riesgo cuando acudimos a la Mutualidad de Previsión Social Pro Minusválidos Psíquicos, entidad sin ánimo de lucro con 33 años de experiencia ya que fue promovida en los años 70 precisamente por los padres de las personas con discapacidad.
Desde Previgalia colaboramos con nuestros colectivos en la superación de estas barreras. Elaboramos productos específicos para las personas con discapacidad, tarea que no ha estado exenta de dificultades. Al principio, las compañías de seguros no querían saber nada de nosotros. Hoy después de tres años demostrándoles día a día, que de cara al riesgo no es un colectivo tan malo, contamos con un pequeño grupo de compañías que apuestan por nosotros y por el colectivo de las personas con discapacidad. Aunque todavía queda mucho camino por andar y por allanar.
Técnicamente los productos financieros no contemplan qué tipo de personas los contratan. Un mismo producto lo puede contratar una persona sin discapacidad, una persona con discapacidad o incluso una persona jurídica. Lo único que cambia es el traje o el envoltorio que se dé al producto. El problema es que no existen datos históricos del número de siniestros, accidentes o fallecimientos, referentes al colectivo de personas con discapacidad. La consecuencia inmediata a este desconocimiento es, en el mejor de los casos, aplicar un recargo a la cantidad que le correspondería pagar a un ciudadano cualquiera que llamaremos recargo de seguridad. Esto implica un incremento de la prima sin justificación técnica o directamente las compañías excluyen de sus políticas de suscripción a las personas con discapacidad.
“Las pólizas suelen incluir un recargo “de seguridad” a la cantidad que le correspondería pagar a un ciudadano cualquiera”
Pese a todo, cada vez son más las entidades financieras que se interesan por nuestros proyectos y que se están involucrando en ellos para colaborar con nosotros.
Los planes de pensiones promovidos por la Mutualidad pro Minusválidos Psíquicos y otras asociaciones de personas con discapacidad tienen unas características que los diferencian y otorgan ventajas adicionales respecto a los planes de pensiones individuales que un particular encuentra en el mercado. Por ejemplo, estos planes presentan mayor liquidez, ya que incluyen contingencias especiales que dan origen al derecho a cobrar la prestación. Así, además de la jubilación del discapacitado y su fallecimiento, se contempla el agravamiento del grado de incapacidad permanente que le impida desarrollar su empleo. También se considera motivo para recibir las prestaciones del plan la jubilación o el fallecimiento del cónyuge o de uno de los parientes del discapacitado que le tuviera a su cargo.
No, de momento las prestaciones económicas no son suficientes para las personas que tienen acceso por su discapacidad a una prestación, ya que estamos hablando de 40 euros mensuales para las personas menores de 18 años y que tengan una minusvalía a partir del 33% o unos 312 euros mensuales para mayores de 18 años y con un 65% de minusvalía. Si la persona tiene una minusvalía del 75% con necesidad de ayuda de terceras personas, las prestaciones están en 468 euros mensuales. Pero si hablamos de una persona mayor de 18 años y con una minusvalía de entre el 33% y el 64%, las prestaciones no es que sean insuficientes, son inexistentes: estas personas no reciben prestación alguna.
La sociedad española, y no sólo el mundo de la discapacidad, empieza a estar mentalizada de la necesidad de ahorrar para el futuro. Es cierto que todos los cambios que implican modificaciones en la cultura son muy lentos pero quizás haber sufrido en los últimos años un bombardeo mediático con el problema de las pensiones públicas nos ha ayudado a darnos cuenta de que sólo con la Seguridad Social no era bastante.
Actualmente las entidades financieras comienzan a concienciarse de la necesidad de crear instrumentos de previsión privada específicos para estos colectivos, sobre todo, niños y discapacitados. No obstante, los que más deben concienciarse de ello son los padres y familiares, que son quienes de verdad tendrán que hacer el esfuerzo continuo de ahorrar o planificar su futuro económico. Es un sacrificio con recompensa a medio y largo plazo.
Nunca son suficientes. Pero es un proceso que va paso a paso. Este año tenemos una gran novedad, que nos acerca al sistema dual existente en los países nórdicos aunque con un tipo fijo inferior (18% frente al 28%-30%). El sistema dual consiste en clasificar las rentas en dos tipos: “Renta general” versus “renta del ahorro”, que tributarán a tipos diferentes, todo ello con independencia del periodo o plazo de generación de la renta.
Cualquier avance en esta materia, por pequeño e insignificante, es siempre positivo. En primer lugar, hay que señalar que la reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en lo que a la fiscalidad de las personas con discapacidad se refiere, no ha sufrido grandes modificaciones. La Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas contempla ciertas mejoras o avances respecto a las personas con discapacidad y sus familias, entre las que podríamos destacar que el esquema de liquidación del impuesto ha variado ligeramente, con el fin de que el mínimo familiar y personal que antes operaba como una reducción de la base imponible, pasará a ser aplicado de tal manera que éste sea tenido en cuenta a la hora de calcular la cuota íntegra. Esto evita que sean los contribuyentes con mayor renta los que más se beneficien de los mínimos.
En lo que se refiere a la reducción por obtención de rendimientos del trabajo anuales, cabe destacar el incremento del importe de esta reducción. Para el caso de personas con discapacidad que sean trabajadores activos ha pasado de 2.800 a 3.200 euros. Para las personas con discapacidad que siendo trabajadores activos acrediten necesitar ayuda de terceras personas o movilidad reducida o un grado de minusvalía igual o superior al 65% ha pasado de 6.200 euros a 7.100 euros anuales.
