Guía práctica de ayudas económicas frente a la crisis del coronavirus

«Proteger y dar soporte al tejido productivo y social para minimizar el impacto de la COVID-19 y lograr que, una vez finalizada la alarma sanitaria, se produzca lo antes posible un rebote en la actividad» es la intención del Gobierno, tal como recoge el Real Decreto-ley del 17 de marzo. Para lograrlo, estas son algunas de las medidas más importantes que se han tomado hasta el momento:

Consumo

Devoluciones de productos. Una de las medidas del real decreto ley para proteger la productividad y al consumidor es la interrupción del plazo para la devolución de productos durante vigencia del estado de alarma. Por ello, no debes temer si compraste un artículo que querías devolver justo antes del estado de alarma y ves que pasan los días. La medida afecta a cualquier modalidad de compra, ya sea presencial o por Internet. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el real decreto.

Ayudas sociales

• Protección a hogares vulnerables. Los suministradores de energía eléctrica, gas natural y agua no pueden suspender el suministro a los consumidores que tengan la condición de vulnerables, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social. Además, se prorroga de forma automática hasta el 15 de septiembre de 2020 la vigencia del bono social para los beneficiarios a los que les venza antes de esa fecha.
• Superávit local para partidas sociales. El real decreto establece también que las entidades locales pueden utilizar su superávit para diferentes partidas sociales. Además, «se tendrá en cuenta la existencia de población menor de 16 años como uno de los criterios para el reparto de fondos entre las comunidades autónomas». Esta medida se valora como «muy positiva para garantizar los derechos de todos los niños y niñas y, en especial, de los más vulnerables», explica Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de Infancia. Por ejemplo, se podrá concretar en becas de comedor escolar, etc.
• Conciliación familiar. El real decreto ley propone medidas para fomentar la conciliación familiar y laboral pues se potencia, durante la vigencia del estado de alarma, el trabajo a distancia. Será el preferente y se insta a las empresas a procurarlo. Asimismo, cabe la posibilidad de que los trabajadores con menores, discapacitados o mayores a su cargo en casa puedan acceder a la adaptación o reducción de su jornada.

Imagen: peter-facebook

Ayudas sociales

• Protección a hogares vulnerables. Los suministradores de energía eléctrica, gas natural y agua no pueden suspender el suministro a los consumidores que tengan la condición de vulnerables, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social. Además, se prorroga de forma automática hasta el 15 de septiembre de 2020 la vigencia del bono social para los beneficiarios a los que les venza antes de esa fecha.
• Superávit local para partidas sociales. El real decreto establece también que las entidades locales pueden utilizar su superávit para diferentes partidas sociales. Además, «se tendrá en cuenta la existencia de población menor de 16 años como uno de los criterios para el reparto de fondos entre las comunidades autónomas». Esta medida se valora como «muy positiva para garantizar los derechos de todos los niños y niñas y, en especial, de los más vulnerables», explica Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de Infancia. Por ejemplo, se podrá concretar en becas de comedor escolar, etc.
• Conciliación familiar. El real decreto ley propone medidas para fomentar la conciliación familiar y laboral pues se potencia, durante la vigencia del estado de alarma, el trabajo a distancia. Será el preferente y se insta a las empresas a procurarlo. Asimismo, cabe la posibilidad de que los trabajadores con menores, discapacitados o mayores a su cargo en casa puedan acceder a la adaptación o reducción de su jornada.

Imagen: peter-facebook

Vivienda

• Moratoria hipotecaria. Durante un mes, y con carácter prorrogable, se aplica una moratoria a las hipotecas cuyo deudor se encuentre en los supuestos de vulnerabilidad económica. Estos supuestos son, entre otros: estar en situación de desempleo; sufrir una pérdida sustancial de ingresos o una caída sustancial de ventas en caso de empresarios o profesionales; que la cuota hipotecaria (más gastos y suministros básicos) sea igual o superior al 35 % de los ingresos netos de la unidad familiar; o que se produzca una alteración significativa de las circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda, a consecuencia de la emergencia sanitaria.
• Desahucios. Las personas que estén esperando a ser desahuciadas de sus casas pueden respirar más tranquilas, pues los desahucios se paralizan durante el estado de alarma por la COVID-19. Así, nadie será expulsado de su vivienda por una situación económica difícil.
• Alquileres. De momento, no hay moratoria para el pago de alquileres, aunque se está discutiendo y podría ser una medida real en próximas semanas. De hecho, esta ayuda la reclaman tanto particulares como pequeños empresarios que, sin ingresos, no podrán hacer frente al pago del alquiler de los locales comerciales donde desarrollan su actividad.

Ayudas laborales

• Despidos. Está prohibido despedir durante la crisis de la COVID-19. Trabajo no admitirá «despidos asociados a la alarma decretada para frenar el coronavirus», sean por causas de fuerza mayor o económicas o productivas, tal y como indica la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Asimismo, se interrumpen las extinciones de trabajos temporales, aunque tras la crisis sanitaria se reanudarán.
• Autónomos. El Gobierno ha concedido a los autónomos una prestación del equivalente al 70 % de la base reguladora, que percibirán por un mes (con posibilidad de ampliación hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma). Sus beneficiarios son los trabajadores por cuenta propia afectados por el cierre de su negocio a raíz de la declaración del estado de alarma o si su facturación durante este mes cae un 75 % respecto a la media mensual del semestre anterior. Además de cobrar la prestación, no pagarán las cotizaciones y se les tendrá por cotizados.
• Ayudas a empresas. Se ha puesto en marcha una línea de avales por un importe de 20.000 millones de euros para garantizar la liquidez de autónomos y empresas «con el objetivo de apoyar al tejido empresarial garantizando el acceso a la financiación necesaria para mantener la actividad y el empleo», según María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
• ERTE ágiles y flexibles. Se facilita y aligera el proceso por el que las empresas pueden declarar Expedientes de Regulación Temporal del Empleo (ERTE) y se garantiza que todos los trabajadores puedan cobrar el desempleo (ese tiempo consumido de paro no contará como gastado), aunque el tiempo cotizado no sea suficiente para cobrarlo. Asimismo, se simplifican con un formulario que cumplimentarán las empresas con datos personales o número de cuenta y transmitirán a las oficinas del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal). Además, los ERTE se extienden a las cooperativas.