Alrededor de 350.000 ahorradores de todo el país pueden tener dificultades para recuperar el capital invertido en Fórum Filatélico y Afinsa, las dos mayores sociedades de coleccionismo filatélico de España. La Audiencia Nacional ha intervenido a estas empresas por un presunto delito de estafa. Vista la gravedad del asunto, instituciones y asociaciones de consumidores piden prudencia a los perjudicados y les recuerdan la conveniencia de conservar las copias de los contratos suscritos con cualquiera de las dos compañías que invertían en sellos. Entretanto, el Gobierno anuncia cambios en la Ley de Inversiones Colectivas, puesto que ninguna de las dos empresas está sujeta a la supervisión que obliga a las entidades financieras. Sus depósitos actualmente no están garantizados porque se consideran meras intermediarias en la compra de activos, concretamente bienes tangibles. Sus actuaciones son competencia de las autoridades de Consumo de cada comunidad autónoma. El consejo unánime para los afectados es que encaminen sus actuaciones a reclamaciones de forma colectiva.
Intervención judicial
Varias sedes de las empresas Afinsa Bienes Tangibles y Fórum Filatélico fueron precintadas el 9 de mayo, tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por la presunta comisión de varios delitos económicos. En esta operación, dirigida por la Audiencia Nacional, intervinieron 23 inspectores de la Agencia Tributaria, se efectuaron también registros domiciliarios y la Policía detuvo a nueve personas.
El número de ahorradores que habían invertido en ambas compañías de inversión colectiva es de 350.000. Estos ciudadanos ahora se ven afectados por una posible estafa a gran escala. Las sociedades han sido acusadas de haber estafado unos 5.000 millones de euros a sus clientes.
Los respectivos portavoces de ambas sociedades insisten en la falsedad de las acusaciones. Fórum Filatélico hizo público un comunicado en el que las niega. En su página web, Afinsa intenta transmitir un mensaje de tranquilidad «basado en los más de 25 años que avalan un modelo de negocio, que garantiza todos y cada uno de los compromisos adquiridos con sus clientes y que cuenta con la autorización de las autoridades competentes».
Pese a esta declaración, en la que la empresa afirma trabajar «para retornar a la normalidad lo antes posible», la alarma y el desconcierto se han apoderado de los miles de inversores afectados por la intervención judicial. En lugar de esto esperaban ver cumplidas promesas de rentabilidad que superaban el 6% anual y que sus productos se revalorizaran.
Quiebra técnica
Tras las detenciones y el bloqueo de las cuentas bancarias de Afinsa Bienes Tangibles y Fórum Filatélico, en breve se iniciará en los juzgados el procedimiento para declarar la quiebra técnica de ambas empresas. Con posterioridad, se designará una administrador judicial para gestionarlas.
Las actuaciones judiciales se iniciaron tras la interposición de una querella después de una denuncia previa de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que apreció presuntos delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, insolvencia punible, administración desleal y falsedad documental. Además, tanto la Dirección General de Policía, como las fuentes de la Audiencia Nacional se refieren a una presunta estafa «piramidal», es decir, a la utilización del capital procedente de las inversiones más recientes para pagar los intereses de los inversores más antiguos.
El fondo «estaría compuesto por lotes de sellos presuntamente sobrevalorados, cuando no falsos, y cuyos réditos no serían tales, sino parte del efectivo recibido por aportaciones de nuevos clientes». Así, mediante una nota, la Policía describe cómo estas inversiones filatélicas no llegaban siquiera a realizarse.
Desconcierto
Tras conocerse la noticia, más de un centenar de clientes se apiñaron ante las sedes centrales de Fórum y Afinsa, situadas en céntricas calles de Madrid, para reclamar sin éxito su dinero. Las oficinas estaban precintadas, igual que algunas en Barcelona, Vigo y Valladolid. Como recurso, ante las puertas, decidieron crear una plataforma de afectados. En pocas horas, este colectivo agrupaba a más de medio millar de personas.
Desde la Audiencia Nacional se ha recomendado a los inversores en ambas entidades que no vayan a las comisarías para presentar denuncias, ya que los delitos «no prescriben». Próximamente se habilitará un lugar específico para canalizar las reclamaciones.
Pero las llamadas a la calma no logran tranquilizar a los afectados. Entre otros motivos, porque al tratarse de inversiones en bienes tangibles, estos depósitos no están garantizados y ellos podrían perder sus ahorros.
Las sociedades intervenidas alcanzaban un volumen de negocio cercano a los 1.400 millones de euros
De hecho, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Manuel Conthe, recordó enseguida que, según la normativa vigente, los afectados «para la CNMV no son inversores, sino compradores de activos, por lo que el supervisor no tiene ni competencia ni información» sobre lo ocurrido.
Ninguna de las dos sociedades están sujetas a la supervisión del organismo que preside Conthe y tampoco son competencia del Banco de España. Como no son entidades financieras no están sometidas a la Ley del Mercado de Valores sino que son competencia de las autoridades de Consumo de cada comunidad autónoma.
Reclamaciones
Numerosas organizaciones de consumidores, como la Unión de Consumidores de España (UCE), la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la Federación de Usuarios-Consumidores Independientes (FUCI), la Asociación de Usuarios de Bancos, cajas y Seguros (ADICAE), la Federación de Consumidores en Acción (FACUA), la Confederación Española de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU), etc., han decidido hacer todo lo posible por defender los intereses penales y civiles de los consumidores afectados. Algunas incluso se presentarán como acusación.
Los perjudicados han colapsado los teléfonos de estas asociaciones (OCU ha recibido más de 2.800 en 3 horas). Además de poner su red de oficinas a disposición de clientes de Afinsa y Fórum Filatélico y de recordar que también pueden informarse en las OMC coinciden en manifestar que:
- No es recomendable iniciar ninguna acción hasta conocer con detalle las actuaciones llevadas a cabo por la Audiencia Nacional y sus consecuencias jurídicas. Por desgracia, la mayoría entiende que será un procedimiento largo y difícil.
- Presentar reclamaciones de forma colectiva es una de las recomendaciones apuntadas desde instancias judiciales, ya que realizar denuncias particulares por el perjuicio económico que cada cliente haya podido sufrir colapsaría los juzgados. FUCI recomienda a los afectados hacerlo en grupo también «para poder hacer mayor presión».
- Es necesario para reclamar hacer acopio de toda la documentación (contratos, depósitos, resguardos, etc.) que se posea y conviene estar atentos al desarrollo de los acontecimientos. OCU, por ejemplo, facilitará información en sus páginas web (www.ocu.org y www.dinero15.com).
Entre los consejos habituales para los pequeños ahorradores se encuentra el de invertir en entidades consolidadas que ofrezcan productos a precio de mercado y diversificar en lo posible su inversión. Cuando una entidad ofrece un interés muy por encima de los que se encuentran en el resto es probable que tenga que aumentar sus riesgos para alcanzar esa rentabilidad.
Modificación de la ley
Fuentes del Gobierno se han apresurado a anunciar un cambio en la regularización de este tipo de inversiones en bienes tangibles. La directora general de Consumo, Mª Ángeles Heras, ha anunciado que se está trabajando en la modificación de la Ley de Inversiones Colectivas de 2003. En cualquier caso, la responsable de Consumo reiteró que, con la legalidad actual, el Estado no dispone de un fondo de garantías para dar solución a los afectados y que las competencias residen en los gobiernos autonómicos. Una comisión de cooperación entre todos ellos, coordinada por el Ministerio de Sanidad y Consumo, establecerá los cauces para que puedan reclamar los afectados.
La Ley de Instituciones de Inversión Colectiva dedica a las compañías de inversión en bienes tangibles una disposición adicional en la que les prohíbe utilizar en su denominación o publicidad los términos «financiero» o «colectivo». El texto exige a estas sociedades someterse a auditorías y remitir copia del informe a las autoridades de consumo. De igual modo, todos sus contratos han de formalizarse por escrito, detallar los compromisos adquiridos y han de entregar copia al cliente.
Pero estas compañías que invierten en sellos, obras de arte o antigüedades no se consideran entidades financieras; estrictamente son sólo intermediarias en la compra de dichos bienes. Este es el motivo por el que sus clientes no tienen el respaldo de los fondos de garantía. Sin embargo, los depósitos en bancos y cajas, así como las inversiones en Bolsa, sí están protegidos, aunque de forma limitada.
Desde el año 96 OCU ha desaconsejado este tipo de inversiones en bienes tangibles y ha solicitado de forma reiterada a la Administración la creación de un mecanismo que cubriera a los inversores en caso de quiebra o actuación fraudulenta. Para UCE, lo acontecido «supone un nuevo atentado a la confianza de los pequeños inversores españoles ante la fragilidad de un sistema normativo que a todas luces adolece de los instrumentos necesarios que garanticen la seguridad y la solvencia que deberían ofrecer las entidades que operan en el sector».
El sistema
El funcionamiento del sistema comenzaba con la captación de pequeños ahorradores que invertían importes cercanos a los 300 euros en unos sellos que presumiblemente eran conservados por Afinsa y Fórum Filatélico. La Policía está siendo asesorada en esta «macrooperación» por un perito británico experto en tasaciones filatélicas.
Estas compañías que invierten en sellos, obras de arte o antigüedades no se consideran entidades financieras, son sólo intermediarias en la compra de dichos bienes
Los inversores nunca llegaban a ver los sellos, sólo se limitaban a realizar los depósitos. Al parecer, si hubieran exigido el cobro de los compromisos, tanto de una como de otra empresa, ambas habrían llegado a una quiebra real, porque no hubieran podido devolver estos importes con la rentabilidad acordada.
Las sociedades intervenidas alcanzaban un volumen de negocio cercano a los 1.400 millones de euros. La especialidad de Afinsa es la inversión en arte, filatelia, numismática y antigüedades. Entre sus actividades también se encuentra el coleccionismo, la intermediación y el asesoramiento para adquisiciones. Esta sociedad fue creada en 1980, cuenta con un centenar de oficinas, más de 2.500 empleados y alrededor de 175.000 clientes.
Fórum Filatélico se constituyó en 1979, dispone de 140 oficinas, 1.500 trabajadores y cerca de 200.000 clientes. La sociedad desarrolló una rápida expansión mediante planes de pensiones y productos de ahorro ligados a valores filatélicos. Desde 1983 patrocina al Fórum Filatélico de Valladolid, equipo de baloncesto que juega en la liga ACB. En 2005 adquirió el 0,80% de Enagás y hace un mes el 0,85% del Banco Pastor. El su web señala que poseía 281 empleados y 1.345 agentes al cierre del año 2004.
Por su parte, la Asociación de Empresarios de Coleccionismo e Inversión (ASECI), que agrupa a once sociedades del sector, y entre ellas Fórum Filatélico y Afinsa, ha llamado también a la tranquilidad de los inversores. Su presidente, Joaquín López Pascual, mostró su «extrañeza» por la decisión de la Audiencia Nacional y aseguró que ambas empresas «llevan cumpliendo sus compromisos sin problemas».
