Estos territorios o estados donde a determinadas personas o entidades se les somete a una escasa o nula tributación son conocidos sobre todo por la tendencia de empresas o grandes fortunas de acudir a ellos como forma de evasión fiscal. En concreto, se considera paraíso fiscal a todo aquel territorio en el que no se aplique un impuesto idéntico o análogo al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, al Impuesto sobre Sociedades o al Impuesto sobre la Renta de no Residentes, según corresponda.
Junto a los paraísos, existen también los llamados territorios de baja tributación, que poseen regímenes fiscales preferenciales o de privilegio en los que la tributación real y la opacidad fiscal es similar a la de los paraísos fiscales.
Todos ellos tienen unas características comunes que los hacen muy atractivos, como destinos de grandes fortunas. Son territorios con un sistema dual, es decir, tienen un régimen fiscal diferente en función de si el titular es o no residente del país. Además, son países donde el secreto, la confidencialidad y el anonimato del titular y de sus cuentas están asegurados. Hay, también, una ausencia de cualquier norma que limite y controle los movimientos de capitales.
46 paraísos fiscales, según el Gobierno español
En la actualidad, el Ministerio de Asuntos Exteriores español reconoce la existencia de 46 paraísos fiscales, repartidos por todo el continente. Entre otros, destacan Andorra, Bahamas, Bermudas, Brunei, Emiratos Árabes Unidos, Gibraltar, Isla de Man, Islas Caimán, Islas Vírgenes, Jamaica, Jersey, Líbano, Jordania, Mauricio, Panamá, Singapur, Islas Seychelles…
Todos estos destinos, y otros muchos, son utilizados por elevados patrimonios que desean evitar que en sus países una parte de sus ganancias esté bajo el control de Hacienda.
Algunas veces la instalación de empresas en estos territorios puede estar justificada como planificación fiscal, y no como evasión de impuestos, siempre que la entidad demuestre su intención de expandir en la zona su negocio
No obstante, en muchas ocasiones, estos territorios se utilizan para crear sociedades de forma opaca. En este caso, ya se está incurriendo en un delito sancionable.
De hecho, aunque los paraísos fiscales no son ilícitos, facilitan el fraude y la evasión fiscal y posibilitan el blanqueo de capitales. De ahí que los gobiernos siempre los tengan bajo vigilancia y establezcan políticas de cooperación internacional para detectar prácticas irregulares que tengan que ver con la tenencia de cuentas en estos territorios.
Además, los paraísos fiscales fomentan y estimulan la especulación financiera, creando inestabilidad en los mercados. Ello es posible porque a través de estas sociedades fantasma (como firmas de fondos de inversión instaladas en territorios como la Isla de Man, Caimán o Jersey) se pueden comprar acciones en bolsa, que se venderán cuando suban de valor.
En cualquier caso, las operaciones más nefastas que pueden realizarse desde paraísos fiscales están relacionados con el blanqueo de dinero por parte de mafias o grupos terroristas. También pueden ser una vía segura para la financiación de este tipo de grupos, ya que estos centros no dan información ni siquiera a los tribunales.
Ley contra el fraude fiscal
En España se ha aprobado recientemente una ley de prevención del fraude fiscal que se ocupa, entre otros aspectos, de los paraísos fiscales (ley 36/2006 de 29 de diciembre). Según esta ley, las operaciones con paraísos fiscales y territorios de baja tributación son fórmulas de planificación fiscal abusiva.
La ley establece una serie de medidas para detectar el fraude. También dice que el listado de paraísos fiscales irá disminuyendo a media en que dichos territorios suscriban acuerdos de intercambio de información. Otros desaparecerán, como Gibraltar, previsto para el año 2010.
El fraude fiscal es un fenómeno del que se derivan graves consecuencias para la sociedad en su conjunto. Supone una merma para los ingresos públicos, lo que afecta a la presión fiscal que soportan los contribuyentes cumplidores; condiciona el nivel de calidad de los servicios públicos y las prestaciones sociales; distorsiona la actividad de los distintos agentes económicos, de tal modo que las empresas fiscalmente cumplidoras deben enfrentarse a la competencia desleal de las incumplidoras; en definitiva, el fraude fiscal constituye el principal elemento de inequidad de todo sistema tributario.
Muchos identifican los paraísos fiscales con evasión y fraude. Sin embargo, recurrir a uno de estos paraísos no significa realmente estar al margen de la ley. En territorios antes mencionados como Andorra, Bermudas o Islas Vírgenes, depositan dinero frecuentemente las grandes empresas y, sobre todo, las grandes entidades financieras. Grandes empresas como Telefónica han instalado sociedades ?holding? en territorios como las Islas Vírgenes Británicas y Santander y BBVA, las grandes entidades financieras españolas, cuentan con firmas de gestión de fondos de inversión en Bahamas, Jersey, Isla de Man, Islas Caimán, Islas Vírgenes o Antillas Holandesas.
El principal beneficio que obtienen por ello es un gran ahorro fiscal, al no tener que pagar impuestos, operación legal y permitida
Además, entre las actividades que desarrollan los dos grandes bancos españoles en estas zonas destacan la emisión y tenencia de participaciones preferentes. También son propietarios de bancos tradicionales o de gestoras de fondos en países como Andorra o Panamá.
No obstante, sí que es cierto que asentarse en un paraíso fiscal facilita la realización de operaciones opacas de las cuales se desconoce quién ha sido realmente el titular. En ocasiones, de hecho, se ha descubierto que la alta tentación de utilizar estos territorios como forma de ocultar operaciones lleva a las entidades a incurrir en los delitos comentados de opacidad en las cuentas y blanqueo de capitales. En algunas ocasiones, también las grandes empresas españolas se han visto envueltas en operaciones irregulares como las mencionadas.
