El Ejecutivo comunitario quiere prohibir a las agencias de «rating» que califiquen la deuda pública de los países de la Unión Europea (UE) beneficiarios de planes de rescate, como Grecia, Irlanda o Portugal, según anunció el comisario de Servicios Financieros, Michel Barnier. La propuesta llega tras la polémica decisión de Moody’s de rebajar la semana pasada la nota de la deuda de Portugal a la categoría de bono basura pese a que el país recibe asistencia financiera de la UE y está sometido a un programa de ajuste.
«No se trata de romper el termómetro que mide las dificultades muy reales de algunos países. Pero cuando un Estado es miembro de la UE y se beneficia de la solidaridad de sus socios, cuando aplica un programa de apoyo internacional, no puede no tenerse en cuenta», dijo Barnier. «En estas condiciones, hay que plantearse la cuestión de saber si hay que permitir las calificaciones soberanas cuando un Estado se encuentra bajo un programa internacional», resaltó el comisario de Servicios Financieros. «Por supuesto, habrá que estudiar todavía la viabilidad y examinar las modalidades de la prohibición», precisó Barnier, que anunció que ha pedido a la presidencia polaca que incluya la cuestión en las próximas reuniones de ministros de Economía de la UE.
Barnier destacó los efectos negativos de las degradaciones de notas sobre los países afectados, como «el aumento del coste del crédito, la debilitación de los Estados y posibles efectos de contagio a otras economías próximas». Por ello, la Comisión Europea (CE) propondrá exigir a las agencias de «rating» que den a los Gobiernos antes de cualquier rebaja de nota información previa y completa «para permitir una verificación de los datos utilizados». También tendrán que publicar obligatoriamente el análisis que ha conducido a la degradación y llevar a cabo análisis completos de forma más regular.
Bruselas pretende además «apoyar directa o indirectamente la aparición de nuevos actores» en el mercado de las agencias de «rating» para aumentar la competencia, por ejemplo con la conexión de varias agencias de talla pequeña o mediana. Además, la CE propondrá reducir la dependencia de los bancos respecto a las notas de las agencias y facilitar que los inversores puedan reclamar daños y perjuicios en caso de negligencia o vulneración de las reglas aplicables.