La Consejería de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat valenciana creará la figura del Defensor del Usuario de las Telecomunicaciones y una Junta Arbitral de Telecomunicaciones y Sociedad del Conocimiento, para garantizar la defensa de los ciudadanos ante posibles fraudes en este sector.
Con la creación de estos dos organismos en el seno de la Secretaría de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, la Comunidad Valenciana se convertirá en la primera comunidad en disponer de un servicio permanente de asesoramiento y atención de las reclamaciones de los ciudadanos y empresas en el ámbito de las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías.
Estas dos iniciativas están contempladas en Avantic, el nuevo marco estratégico que, con una inversión prevista de más de 2.700 millones de euros, se desarrollará hasta 2010 para definir e implantar un Modelo Valenciano de Telecomunicaciones.
En concreto, las funciones del Defensor consistirán en «la cooperación activa en la persecución de los delitos y faltas relacionados con la informática y las telecomunicaciones», en especial de aquellos que se cometan a través de Internet, así como en la «eficaz atención de las consultas, reclamaciones y denuncias de la ciudadanía, las empresas y la Administración en esta materia», señaló Blanca Martínez de Vallejo, secretaria autonómica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
Los ciudadanos podrán acceder al Defensor del Usuario de las Telecomunicaciones a través de diversas vías, como son la telemática, mediante la web de la Generalitat (www.gva.es), y la telefónica, mediante las líneas que se habiliten al efecto, así como de manera presencial.
Por su parte, la Junta Arbitral, que estará especializada en la resolución extrajudicial de conflictos, «permitirá la realización de los arbitrajes que las partes libremente le sometan en materia de telecomunicaciones y Sociedad de la Información, tales como infracciones de los derechos de propiedad intelectual e industrial, conflictos con nombres de dominios y otros signos distintivos, infracciones de los derechos de libre competencia, y competencia ilícita e infracciones de los derechos de publicidad, entre otros», explicó Martínez de Vallejo.
Este arbitraje se podrá realizar de manera totalmente telemática, «lo que facilitará el ahorro en costes y desplazamientos, así como una mayor celeridad en la resolución de controversias», concluyó la secretaria.
