El Parlamento Europeo dio ayer luz verde a un paquete legislativo que facilitará la libre circulación de bienes en el mercado interior y reforzará la protección de los consumidores. Así, los Estados miembros deberán garantizar un uso correcto del marcado CE y aplicar sanciones en caso necesario.
Además, los importadores sólo podrán introducir en el mercado comunitario productos que respeten la legislación europea en materia de seguridad e higiene. El pleno funcionamiento del mercado interior de mercancías exige la supresión de los obstáculos técnicos y administrativos impuestos por los Estados miembros.
Según la Eurocámara, las normas aprobadas ayer facilitarán la eliminación de estas barreras estableciendo un marco común para la comercialización de los productos, armonizando los requisitos de acreditación de los bienes y garantizando el cumplimiento del principio de reconocimiento mutuo, que impide a un país de la UE rechazar un producto comercializado legalmente en otro.
El pleno funcionamiento del mercado interior de mercancías exige la supresión de los obstáculos técnicos y administrativos impuestos por los Estados miembros
«Hay países de la Unión en los que es obligatorio el uso de las bicicletas con frenos en el manillar, mientras que en otros no. Con la entrada en vigor de la nueva legislación, los Estados ya no podrán aplicar requisitos técnicos como éste», explicó Alexander Stubb, uno de los parlamentarios que ha trabajado en este paquete de normas. Los países tendrán hasta 2010 para aplicar la nueva legislación.
Marco común
La nueva normativa fija un marco común para la comercialización de los productos, asegurando la libre circulación de las mercancías y la protección de los consumidores. De este modo, establece que «es fundamental aclarar tanto a los fabricantes como a los usuarios que al colocar el marcado CE en un producto el fabricante declara que éste cumple todos los requisitos y que asume la plena responsabilidad al respecto». Los Estados tendrán que garantizar que la colocación del marcado respeta las condiciones establecidas en la legislación comunitaria y «perseguir las violaciones y los abusos» que se puedan cometer.
Por su parte, los fabricantes tendrán que someter a ensayo, siempre que se considere pertinente, los productos para proteger la salud y la seguridad de los usuarios. Asimismo, garantizarán que el artículo va acompañado de las instrucciones y la información relativa a la seguridad en la lengua oficial del país.
El principio de reconocimiento mutuo impide a un país de la UE rechazar un producto comercializado legalmente en otro
Las nuevas normas también regulan la responsabilidad de los importadores, que sólo podrán introducir en el mercado comunitario «productos conformes». Si el importador detecta que un producto no es conforme con las normas europeas, deberá informar de ello al fabricante y a las autoridades de vigilancia. Además, deberá tener un listado de los artículos que no cumplen la legislación y de las retiradas del mercado.
Reconocimiento mutuo
La nueva legislación también exige armonizar las normas técnicas de los Estados miembros asegurando el cumplimiento del principio de reconocimiento mutuo, según el cual un país de la UE no puede prohibir la venta, dentro de su territorio, de productos comercializados legalmente en otro Estado.
En el caso de las armas, que pueden constituir un riesgo grave para la salud y la seguridad de las personas, no estarán sometidas a la restricción de las normas técnicas. Por tanto, si la comercialización de un tipo de arma está permitida en un Estado y prohibida en otro, este último podrá impedir que se comercialice en su mercado nacional.
–Se fija un marco común para la comercialización de los productos que pretende asegurar la libre circulación de las mercancías y la protección de los consumidores.
–El plazo para aplicar la nueva legislación se acaba en 2010.
–El marcado CE, controlado por la Comisión, compromete al fabricante a cumplir todos los requisitos y a asumir plena responsabilidad al respecto. Los fabricantes también garantizarán que el producto va acompañado de las instrucciones y la información relativa a la seguridad fácilmente comprensible para los consumidores.
–Los Estados emprenderán acciones judiciales en caso de que se haga un uso incorrecto del marcado.
–Cuando las autoridades nacionales lo pidan, los importadores facilitarán toda la información y documentación necesarias para demostrar la conformidad del producto.
–Cada Estado miembro deberá designar en su territorio uno o más puntos en los que se recojan los datos relativos a los productos.