La titular del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Sevilla, Carmen Pérez Guijo, ha ordenado la ejecución provisional parcial de la sentencia del caso Opening en la que advierte a las financieras de sanciones económicas si siguen cobrando a los alumnos los créditos suscritos para la financiación de los cursos, según informó la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA).
Guijo dictó sentencia tras la denuncia conjunta presentada por las asociaciones de consumidores andaluzas UCA-UCE, Al-Andalus y FACUA, y condenó a Opening y a las financieras a devolver con intereses todas las cantidades cobradas a los alumnos desde julio de 2002, además de instar a las entidades a no conceder en el futuro créditos como los denunciados en el caso.
El auto, dictado el pasado 23 de junio, indica que «servirá de autorización judicial expresa» para que los alumnos puedan «dejar de pagar las cuotas que les sean reclamadas» por las cuatro financieras demandadas (Santander Central Hispano, BBVA Finanzia, Pastor Servicios Financieros y Eurocrédito) e «inviabilizará reclamaciones judiciales dinerarias, incluso, coercitivas ejecutivas» por parte de éstas a los alumnos.
FACUA recuerda que numerosos alumnos han denunciado que las entidades Santander Central Hispano y BBVA Finanzia continúan requiriendo el pago de los créditos, lo que se traduce en un incumplimiento de la sentencia.
La jueza advierte a las financieras de que se abstengan de «requerir el pago de cuotas o el importe del curso» a «todos los alumnos amparados por la sentencia o auto de medidas cautelares», así como de «incluirlos en el registro de morosos o procedan a cancelar su inclusión en dicho registro si ya lo hubiesen hecho».
Asimismo, pide a Santander Central Hispano y BBVA Finanzia que faciliten al juzgado en el plazo improrrogable de tres días «el nombre del directivo o empleado que viene dando la orden de cobrar las cuotas o importe de los cursos suscritos con Opening a los efectos de hacerles un requerimiento más personalizado».
Más del 95% de los 90.000 alumnos afectados por el cierre de las academias de idiomas en toda España pueden acogerse a las medidas cautelares y a la sentencia dictada en Sevilla para dejar de pagar a las financieras, ya que la demanda presentada en la capital andaluza en interés colectivo afecta a casi la totalidad de los alumnos de los centros propios y franquiciados de Opening.
