La nueva normativa europea que regula desde este mes el funcionamiento de los desguaces no sólo aporta ventajas para el medio ambiente sino también para los derechos de los consumidores, ya que a partir de ahora estos centros están obligados a revisar todos los recambios antes de comercializarlos. Los materiales que se separan para su venta son los aceites, el combustible, el CFC del aire acondicionado o la batería.
Hasta hace unos años, buscar un repuesto en una chatarrería suponía depender de la buena suerte. Lo habitual era que un empleado husmeara entre un montón de automóviles abandonados hasta dar con la pieza, que vendía al cliente sin apenas echarla un vistazo.
Con el llamado Plan para Vehículos Fuera de Uso aprobado por la Unión Europea, los antiguos desguaces, que ahora pasan a denominarse «centros autorizados de recuperación y descontaminación» (CARD), deben desmontar el vehículo nada más recibirlo. Cada uno de sus elementos -desde el motor hasta los faros- tiene que ser chequeado y probado por un mecánico formado para ese cometido.
Las piezas que han recibido el visto bueno pasan a ser catalogadas en almacenes para su comercialización. El resto del vehículo tiene que ser reciclado o fundido a expensas del fabricante. Lo que los centros autorizados de recuperación y descontaminación tienen claro es que las chatarrerías a la vieja usanza están abocadas al cierre administrativo si no se reconvierten antes de fin de año. Reconocen que la inversión necesaria para ello no es excusa, oscila entre cuatro y quince millones de pesetas, y no hace falta homologación sino una autorización de Medio Ambiente.
Los precios no tienen por qué encarecerse con el nuevo sistema de venta, si bien algunos establecimientos reconvertidos admiten que han aplicado ligeras subidas. Aun así, el precio de un repuesto de segunda mano es, como mínimo, un 60% más barato que uno nuevo.
