El arrendamiento de inmuebles y suelos rústicos y urbanos para la instalación de infraestructuras de telecomunicaciones está ocasionando un fraude fiscal que podría ser de «miles de millones de euros», según denunció ayer la Red Ciudadana de Sevilla, que recordó que sólo en Sevilla existen alrededor de 900 infraestructuras de telecomunicación, una cifra que se eleva a 8.000 en toda Andalucía.
«La opacidad de las transacciones económicas y la ingeniería contable de las grandes empresas de telecomunicaciones implicadas han propiciado la generación de dinero negro y una defraudación en el IVA e IRPF de los arrendamientos no declarados cuantificada en miles de millones de euros», explicó el portavoz de esta red, Ángel León. Muchas comunidades de vecinos no declaran los ingresos que obtienen por estos arrendamientos, «aunque muchas de las infraestructuras de telecomunicaciones no sólo están en espacios privados sino también en edificios públicos y oficiales», señaló.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria debe crear un plan de control del cumplimiento fiscal de los impuestos estatales que gravan este tipo de arrendamientos de bienes inmuebles con actuaciones de control en el ámbito de inspección y de gestión, según exigió esta organización. Tendría que existir una mayor coordinación entre el Gobierno y Hacienda, «ya que el Ministerio de Industria cuenta con un listado pormenorizado del número de infraestructuras de telecomunicaciones que existen en España y su ubicación», indicó la misma fuente.
