La caída del precio de los productos agrícolas y el aumento continuado de los costes de producción, sobre todo del precio de la energía, ha provocado que la renta agraria española haya descendido más de un 26% en los últimos cinco años, según alerta la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore). Con respecto a la energía, el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, señala que las tarifas eléctricas han incrementado su término de potencia en un 455% y su término de energía en un 70% en este quinquenio.
Ante esta situación, Del Campo reclama que la nueva Política Agraria Común (PAC), que entrará en vigor en 2014, acometa las reformas necesarias para garantizar la estabilización de la renta de los agricultores españoles, «posibilidad que ampara la Organización Mundial del Comercio (OMC) y que cuenta con antecedentes en países como Canadá y Estados Unidos».
El presidente de Fenacore considera que la nueva PAC debe reforzar las ayudas a la agricultura de regadío sostenible (o regadío modernizado), «que se ha endeudado a largo plazo al transformar sus infraestructuras para producir más y mejores alimentos con menor cantidad de agua». En este sentido, sugiere destinar al regadío parte de los fondos comunitarios orientados al llamado «segundo pilar de políticas de desarrollo rural», ya que normalmente «estos recursos no llegan a los agricultores, sino que se quedan en proyectos que los ayuntamientos o grupos de acción local deciden».
Por otro lado, Del Campo sostiene que la nueva PAC debe defender la competitividad del sector para asegurar el abastecimiento de productos agrarios de calidad a precios razonables para el consumidor. Para ello es necesario «corregir la competencia desleal que supone para los agricultores españoles la entrada en Europa de productos que no cumplen con los mismos criterios que se exige a nuestras propias producciones». Aboga por la puesta en marcha de medidas para frenar la venta de productos por debajo de los precios de mercado (dumping) con el fomento de la firma de acuerdos que permitan fijar precios mínimos a la producción.
