Aunque la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA) hará posible una importante rebaja de las comisiones de las transferencias bancarias, también abrirá la puerta para que las entidades cobren a sus clientes por las domiciliaciones de recibos o por la recepción de su nómina o pensión.
Este nuevo marco pretende que dentro de Europa se puedan hacer y recibir pagos de la misma manera en todos los países y, por ello, se intenta armonizar las condiciones de las transferencias, los adeudos directos (domiciliaciones de recibos) y las tarjetas. Su aplicación se hará de forma paulatina entre el próximo enero y finales de 2010.
Las mayores consecuencias de estos cambios estarán en las transferencias, que serán cada vez más automáticas, de manera que el precio de estas operaciones «debería ser muy bajo o incluso nulo, dependiendo de la política comercial de cada entidad», según fuentes del Banco de España. Sin embargo, junto a esta posible rebaja de precios, se impondrá el sistema de cobro al recibir una transferencia, debido a que tanto la SEPA como la Directiva de Pagos instarán a la desaparición de las comisiones interbancarias e impondrán que cada uno de los intervinientes en estas operaciones pague sus propios gastos. Fuentes del Banco de España admiten que este nuevo sistema abrirá la posibilidad de que las entidades cobren a sus clientes al recibir la nómina o la pensión, pero auguran que ninguna lo hará, dada la gran competencia existente en el sector.
Las transferencias básicas, en las que se podrá aplicar la SEPA desde enero próximo, ascendieron el año pasado a 524.370 millones de euros, y las de nóminas y pensiones, que se adaptarán más adelante, se elevaron a 142.816 millones. Además de las transferencias, la SEPA también impondrá importantes cambios en las domiciliaciones de recibos, aunque en un primer momento sólo en los tradicionales, como el del teléfono o la luz, y no en los detallados que tramita el banco. Al igual que en los traspasos, el nuevo sistema impondrá que cada parte tenga que pagar sus gastos, lo que abre las puertas a que las entidades cobren a sus clientes por abonarles los recibos de servicios básicos. Dependerá de la política comercial de cada entidad y, sobre todo, de la competencia en cada momento, la decisión de hacerlo, explican en el organismo regulador.
