La Unión de Consumidores de España (UCE) salió ayer a la palestra para denunciar la «connivencia existente entre el ministro de Economía, Rodrigo Rato, y las petroleras y gasolineras españolas». Un extremo que afecta de forma negativa «a los intereses de los clientes y a la libre competencia en el sector del carburante en España».
En este sentido, la UCE criticó al Gobierno central por «modificar el decreto ley que tenía por objetivo mejorar la transparencia en el sector del carburante», a través de la información de los precios de los operadores en una red de paneles situados en las carreteras estatales. Por ello, los consumidores instaron a Rato a que explique el hecho que obliga «a los clientes a tener que adquirir un teléfono móvil o un ordenador para tener acceso a esta información».
Pero las quejas y críticas de la UCE no se quedaron ahí. «El ministro de Economía cedió al chantaje de las petroleras en contra de los consumidores y de la resolución del Tribunal Supremo», que desestimó un recurso interpuesto por la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) contra el mencionado decreto, concluyó.