El 1 de enero entrará en vigor la Zona Única de Pagos de la Unión Europea (UE), cuya finalidad es que todos los ciudadanos comunitarios puedan efectuar pagos desde una sola cuenta bancaria utilizando igual conjunto de instrumentos de pago, ya sean transferencias, domiciliaciones o tarjetas bancarias. Para hacerlo posible, bancos y cajas están adaptando estos días la identificación de sus clientes.
La Zona Única de Pagos de la UE (SEPA, por sus siglas en inglés) requiere la adopción de una nueva identidad bancaria, determinada por las letras del país y una larga serie de números. Se añaden cuatro a la referencia actual de las cuentas corrientes, y lo mismo ocurre con las instituciones.
Durante algún tiempo, los productos de la Zona Única coexistirán con los nacionales. Desde enero, los clientes podrán pedir que se les realice una transferencia SEPA o convencional. El plazo de adaptación se extiende hasta 2010. Al final del periodo, también los sistemas de pago con tarjeta estarán unificados. Los principales beneficiarios de la SEPA, los usuarios de los servicios bancarios, desconocen en qué consistirá.
Las ventajas del cambio son evidentes. Habrá más competencia entre entidades -todas las europeas podrán ofrecer los mismos servicios en todo el territorio-, lo que abaratará las comisiones. Desaparecerán recargos sobre las transferencias al extranjero y el uso de cajeros o tarjetas de débito en otros países.
Comisión por transferencia
El proyecto de Zona Única Europea ya ha tenido consecuencias. En aplicación de la directiva que le acompaña, las comisiones que bancos y cajas se pagan unos a otros por la terminación de los servicios han desaparecido. Desde el pasado octubre, las entidades que lo han solicitado al Banco de España tienen permiso para cobrar al receptor de una transferencia, aunque la mayoría de ellas han optado por no hacerlo.
Los pagos de nóminas y pensiones y las devoluciones de impuestos quedan al margen. Al menos hasta noviembre de 2009, ninguna entidad podrá realizar un cargo al receptor de esos envíos.
La SEPA pretende acabar con la distinción entre pagos nacionales y transfronterizos en la eurozona
En la domiciliación de recibos, el nuevo sistema comunitario de pagos se aplicará antes de noviembre de 2009 a todos aquellos en los que una empresa de servicios hace una factura y se la envía a su cliente o se la comunica por Internet, mientras que el banco se limita a pagar por cuenta de su cliente y comunicarle el adeudo.
En una primera etapa no se incluirán los recibos que bancos o cajas elaboran por cuenta del suministrador del servicio, como las facturas de las aseguradoras, asociaciones profesionales, colegios, comunidades de propietarios, etc.
La adaptación de las tarjetas de pago arrancará en 2008 para culminar en 2010. Entonces, todo el «dinero de plástico» irá provisto de un chip, lo que aumentará la seguridad de las transacciones.
Adaptación
Pero la transición a la Zona Única de Pagos también tendrá un coste. Habrá que mover hacia los nuevos productos a más de 8.000 entidades que atienden un mercado de 20 millones de corporaciones y 450 millones de clientes. Un estudio de la consultora Accenture ha cifrado en 3.000 millones de euros el importe de las inversiones que habrá de realizar el sector bancario durante el periodo de transición. Otros trabajos realizados cifran el coste de todos los implicados en cantidades que oscilan entre 8.000 y 13.000 millones de euros.
El informe de Accenture reveló que los grandes bancos españoles con implantación en Latinoamérica necesitan un mayor esfuerzo al tener que unificar sistemas en los dos continentes. El mayor reto reside en la domiciliación europea, que permitirá a las empresas girar recibos desde cualquier Estado contra residentes en cualquier país adscrito.
Después el sistema ahorrará al sector financiero hasta 10.700 millones de euros en el horizonte de 2016 y, pasada esa fecha, la reducción de gastos estará entre los 2.700 y 4.500 millones anuales, según estimaciones de PSE Consulting. La domiciliación europea permitirá economizar entre 800 y 1.200 millones de euros, las tarjetas de débito entre 500 y 800 millones y las compras a crédito entre 400 a 700 millones de euros. La firma británica considera que Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España serán los países responsables del 70% de la reducción de costes.
Se estima que los instrumentos de pago que permitirán mayores ahorros serán las domiciliaciones, las tarjetas de débito y las transacciones a crédito. En las operaciones de comercio electrónico y los cheques la SEPA tendrá una menor incidencia.
