La Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha abierto sendos expedientes sancionadores a Endesa Generación y a Tarragona Power (consorcio formado por Iberdrola y la alemana RWE) por construir supuestamente instalaciones de producción de energía eléctrica sin la previa concesión de las preceptivas autorizaciones, en referencia a las centrales de ciclo combinado de gas de 400 megavatios (MW) que están levantando en la provincia de Tarragona.
Esta decisión, adoptada el pasado 22 de julio, fue motivada por la queja que Greenpeace y Ecologistas en Acción, miembros de los consejos consultivos de electricidad e hidrocarburos de la CNE, dirigieron al organismo regulador tras constatar supuestas ilegalidades en las actuaciones de estas empresas.
Las obras de construcción de las centrales de ciclo combinado comenzaron antes de junio de 2002, es decir, antes de que se emitiera la preceptiva declaración de impacto ambiental (DIA), señaló Greenpeace.
La DIA para el proyecto de la central de Iberdrola y RWE se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a principios de julio del año pasado y la relativa a la central de Endesa, el 21 de agosto de 2002.
Por este motivo, ya entonces Ecologistas en Acción presentó una denuncia por el inicio de las obras antes de tiempo ante la Fiscalía de Tarragona.
Moratoria necesaria
Emilio Rull, responsable de energía de Greenpeace, considera «lamentable que, mediante una política de hechos consumados, se sigan violando las leyes de protección del medio ambiente y de la libre competencia por parte de las grandes compañías eléctricas, que infringen las leyes para la construcción de centrales térmicas».
La organización ecologista cree necesario que se establezca una moratoria en la construcción de centrales térmicas de combustibles fósiles mientras el ahorro, la eficiencia y las energías renovables no sean la base del sistema energético.
Por otro lado, los ecologistas recuerdan que todavía queda pendiente un debate solicitado por sus representantes en los consejos consultivos de la CNE, sobre el supuesto trato de favor dado a Iberdrola para construir centrales térmicas en contra de la moratoria que se le impuso en el año 2000.
En virtud de las medidas liberalizadoras de junio de 2000, Iberdrola debía limitar su participación en el mercado eléctrico para facilitar la competencia, de forma que no podía aumentar su presencia en el mismo hasta pasados tres años. «Sin embargo, mediante la política de hechos consumados, Iberdrola tiene hoy en construcción nada menos que 4.800 MW de nuevas centrales térmicas», apuntan los conservacionistas.
