Las compañías eléctricas van a cobrar por la distribución una cuantía más ajustada a sus necesidades y, sobre todo, a sus proyectos, porque la retribución de esta actividad regulada tomará en cuenta el coste de las inversiones. El nuevo método debiera repercutir en un mejor sistema, menos vulnerable y más resistente a las causas que provocan los apagones.
En 2007 ya se ha anticipado la aplicación de este método, porque el real decreto de tarifas de 28 de diciembre contempló una retribución total de 3.571 millones de euros por la actividad de distribución: de esa cifra, corresponden a Endesa 1.429 millones; a Iberdrola 1.297 millones; a Unión Fenosa 603 millones; a Hidrocantábrico 123 millones, y a Viesgo 116 millones de euros.
Por su parte, el Ministerio de Industria ha enviado a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) el borrador de la nueva regulación que pretende introducir «incertidumbre y estabilidad» en los programas de inversión de las empresas, que hasta ahora no tenían incentivos a la inversión en sus instalaciones. La Administración cree que de este cambio derivará la reducción del número, frecuencia y duración de las interrupciones del suministro.
Si hasta ahora se actualizaba la cantidad percibida por los distribuidores tomando en cuenta la evolución de los precios (IPC) y del mercado, el cálculo futuro se realizará sobre la base de los costes de inversión, los de operación y mantenimiento de las instalaciones que gestione cada distribuidor y el resto de los necesarios para el desarrollo de la actividad.
Con estos criterios, la retribución se determinará por periodos de cuatro años. Antes de cada uno de ellos, Industria actualizará los parámetros reconocidos a las compañías. La CNE presentará un informe al Ministerio y éste fijará la retribución reconocida a cada distribuidor.
