La vigencia de las emisiones avaladas por el Estado finaliza en diciembre próximo. Bancos y cajas de ahorros se han dirigido por separado al Gobierno para pedir que prorrogue la posibilidad de utilizar estos avales en emisiones, al menos por seis meses más. Las entidades tienen ahora en el mercado emisiones vivas (no amortizadas) por valor de 61.600 millones de euros. Una pequeña parte ya se ha amortizado, pero aún disponen de 70.000 millones de euros para colocar en los mercados. La Comisión Europea (CE) ha concedido hasta el momento cinco prórrogas.
El Ministerio de Economía debería escribir a la Dirección General de Competencia, cuyo responsable es Joaquín Almunia, para transmitir la preocupación y recibir el visto bueno. Hasta ahora, según fuentes del Tesoro, no se ha cursado la petición, aunque todavía tienen un margen de tiempo para hacerlo y obtener el permiso de ampliación de seis meses, hasta junio de 2012. Bruselas considera que los avales son una ayuda de Estado porque permite a bancos y cajas financiarse a precios más bajos de los que obtendrían si salen con su nombre.
Las emisiones avaladas por el Estado se crearon a finales de 2008, tras la sequía de liquidez que produjo la caída de Lehman. En 2009 se volvió a lanzar una segunda emisión. El Gobierno, como otros de la Unión Europea (UE), intentó que las entidades pudieran cumplir con sus vencimientos y, a la vez, tuvieran financiación para prestarla a empresas y familias. Estableció así un máximo a cada entidad de lo que podía emitir con el aval del Estado, en función de volumen de activos. Algunas entidades, sobre todo cajas, ya han usado toda la capacidad de endeudamiento que tenían, pero otras no.
Si el Gobierno pide la prórroga y se la concede Bruselas, solo aquellas que no hayan emitido todo el volumen otorgado podrán volver a intentar salir al mercado a lo largo del periodo de tiempo de vigencia de la prórroga. El Banco Santander y el BBVA son los únicos que no han utilizado este recurso por una cuestión de imagen. Como comentan en las entidades, incluso bajo el nombre del Reino de España tampoco será fácil conseguir liquidez, como le ha ocurrido al Tesoro con las últimas emisiones.
El Ejecutivo comunitario está muy pendiente de a qué precio se cobran los avales para evitar que se rompan las condiciones de mercado. Otra muestra del control comunitario es que ha pedido a España que, antes del 15 de septiembre, envíe un informe de gestión con detalles de la evolución del programa de avales durante el tiempo transcurrido desde la autorización de la última prórroga, gestión que el Ministerio ya ha llevado a cabo.
Para el Gobierno la operación es rentable. Hasta el momento, las entidades financieras han pagado 878 millones de euros por las dos emisiones de avales, cantidad que se podría duplicar si emiten todo lo que les falta. Además, han ingresado 350 millones de euros más por las compras de activos de máxima calidad que hizo el Gobierno también para inyectar liquidez al sistema.
