Cerca de 450.000 trabajadores se vieron afectados por un expediente de regulación de empleo (ERE) antes de 2002 y tuvieron que jubilarse de forma anticipada, perdiendo en su mayoría alrededor del 40% de la pensión que les hubiera correspondido.
El anteproyecto de ley de reforma de la Seguridad Social, enviado por el Gobierno el pasado 23 de febrero al Congreso de los Diputados, reconoce la situación en que quedaron estos pensionistas y propone una mejora que iría de los 54 euros para los que accedieron a la jubilación con 60/61 años; de 36 euros para aquellos que lo hicieron con 62/63 años, y de 18 euros para quienes se jubilaron a los 64 años.
Miguel Gortari, representante de la Confederación Estatal de Prejubilados y Pensionistas (Cepyp), cree que «estas medidas son insuficientes pues no se tiene en cuenta el criterio de proporcionalidad entre lo cotizado y lo percibido por los jubilados anticipados».
Gortari explica que el Gobierno y los agentes sociales acordaron finalmente una «subida lineal» de las pensiones de los jubilados anticipados, sin tener en cuenta coeficientes ni aportaciones, dándose la paradoja de que hay quienes han cotizado más años (incluso los 35 exigidos para percibir una pensión) y reciben una prestación inferior a la de otros que han cotizado menos tiempo.
Para cubrir este gasto adicional de la Seguridad Social, el Gobierno ha destinado 360 millones de euros, ya que su intención es, una vez sea aprobada la reforma por el Parlamento, pagar a estos pensionistas con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2007.
Equiparación al SMI
Por otro lado, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) tiene previsto solicitar mañana en el Pleno del Congreso de los Diputados la equiparación de las pensiones no contributivas al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y en el caso de que los perceptores de estas pensiones realicen alguna actividad remunerada, pedirá que la aportación sea la necesaria para equipararla al SMI.
Se trata de una proposición no de ley que subraya que los perceptores de estas pensiones suman al menos 400.000 personas y provienen de situaciones de jubilación o invalidez. La cuantía media de las pensiones no contributivas apenas supera los 300 euros en el caso de un sólo beneficiario. Para ERC, esta cantidad sitúa a sus perceptores «por debajo del límite de la pobreza».
A su juicio, esta situación es «injusta» porque muchas de estas personas fueron trabajadores que después de muchos años en una empresa, descubrieron que ésta no había cotizado.
