A partir de mañana entrará en vigor la legislación en materia de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de la Unión Europea. Desde esta fecha los consumidores podrán entregar en los comercios de forma gratuita un electrodoméstico usado por cada aparato nuevo que compren. El objetivo es asegurar que estos residuos se reciclen y se reutilicen.
El coste estimado por la Comisión es de entre 500 y 900 millones al año. Se calcula que estos costes supondrán un encarecimiento en el precio de los electrodomésticos de entre el 1% (la mayoría de los aparatos) y el 2-3% (frigoríficos, televisores y monitores).
El Ejecutivo comunitario considera que los beneficios de la legislación para la salud humana y el medio ambiente justifican los costes y los incrementos de precios. Además, el reciclado permitirá un ahorro de energía equivalente a 2,8 millones de toneladas de petróleo al año, y hará posibles ahorros de costes adicionales en la producción de material virgen.
Recogida y tratamiento
Los Estados miembros han tenido hasta mañana para organizar un sistema de recogida de residuos y los productores de electrodomésticos para asumir la financiación de la recogida, tratamiento, recuperación y eliminación respetuosa con el medio ambiente.
La recogida deberá hacer posible que los consumidores devuelvan un aparato usado cada vez que compren un nuevo producto. Además, habrá otros puntos de recogida donde los particulares y los distribuidores en posesión de residuos de aparatos eléctricos podrán depositarlos gratuitamente. El establecimiento de estos puntos de recogida se hará teniendo en cuenta su accesibilidad y la densidad de población.
A partir del 13 de agosto los productos deberán estar marcados con un contenedor de basura tachado para que los consumidores sepan que no pueden deshacerse de ellos de cualquier manera. Los productores deberán proporcionar una garantía financiera que cubra los costes de recogida y tratamiento.
La siguiente fase en la aplicación de esta normativa será exigir objetivos de recogida de residuos, y entrará en vigor a finales del año que viene. A partir del 31 de diciembre de 2006, los Estados miembros tienen que garantizar que se recoja, por medios selectivos, un promedio de 4 kg por habitante y año. Los productores deben respetar una serie de objetivos de valorización, reciclado o reutilización.
Paralelamente, el 1 de julio de 2006 entrará en vigor una disposición de la directiva sobre utilización de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos que prohibirá la utilización de las siguientes: plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, polibromobifenilos (PBB) y polibromodifeniléteres (PBDE).
Cálculos del Ejecutivo comunitario
El Ejecutivo comunitario calcula que en la actualidad se generan entre 17 y 20 kg. de residuos de aparatos eléctricos por persona y año. Hasta la fecha, más del 90% de los mismos se someten a vertido, incineración o recuperación sin recibir ningún tratamiento previo, con el riesgo consiguiente de que se produzca una liberación de agentes contaminantes que afecte a la atmósfera, las aguas y el suelo. Muchas de estas sustancias son potencialmente tóxicas, por lo que su liberación puede plantear riesgos para la salud humana.
Hasta la fecha, todos los Estados miembros, excepto Francia, Malta, Polonia y el Reino Unido, han comunicado a la Comisión las medidas que han adoptado para la transposición de esta directiva sobre residuos de aparatos eléctricos. El Ejecutivo comunitario ya ha abierto expediente a estos países porque tenían de plazo máximo hasta el 13 de agosto de 2004.
