Los servicios que presten las agencias de colocación serán gratuitos para los trabajadores, deberán atender a todas las personas desempleadas y respetarán la igualdad de trato y no discriminación en el empleo. Así queda establecido en Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros. Esta nueva normativa establece el régimen jurídico y los procedimientos para que las agencias de colocación puedan colaborar con los Servicios Públicos de Empleo en la intermediación, con la preservación del carácter público de la misma.
La regulación de las agencias de colocación tiene por objeto mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo mediante una coordinación más eficaz entre agentes públicos y privados de intermediación. Con ello, «se fomentará mayores oportunidades de acceso a un puesto de trabajo de las personas desempleadas», aseguró el Ministerio de Trabajo e Inmigración.
El departamento dirigido por Valeriano Gómez persigue disponer de agencias de colocación potentes y eficaces que contribuyan, junto con el fortalecimiento del Servicio Público de Empleo, a casar ofertas y demandas laborales de forma más efectiva.
Las agencias de colocación podrán ser públicas o privadas, e intermediarán con los Servicios Públicos de Empleo a través de la firma de convenios de colaboración o de forma autónoma pero en coordinación con ellos. Su funcionamiento deberá ser autorizado por el Servicio Público de Empleo Estatal o por el servicio equivalente de las comunidades autónomas, en función de la ubicación del centro o los centros desde los que desarrollen su actividad. Podrán realizar actividades de intermediación laboral, orientación, información profesional y selección de personal.
El Real Decreto se enmarca en el objetivo del Gobierno de mejorar la intermediación laboral, que es uno de los ejes de la reforma de las políticas activas de empleo, junto con la orientación y el reciclaje profesional de personas ocupadas y desempleadas.
