La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado a Fecsa-Endesa y Red Eléctrica Española (REE) por el apagón del pasado lunes que dejó sin luz a 350.000 abonados de Barcelona, L’Hospitalet y Esplugues. OCU busca así que se establezca «la responsabilidad de los hechos» y el resarcimiento de los «graves perjuicios» padecidos por los usuarios a causa del corte.
Según esta asociación, se ha producido «el incumplimiento de las obligaciones contractuales» de Fecsa-Endesa, que tiene «obligación de garantizar el suministro», concepto por el que cada usuario doméstico abona mensualmente una cantidad fija. A su juicio, esta compañía debe «prever las inversiones en infraestructuras necesarias que permitan evitar o reducir al mínimo las consecuencias» de un incidente como el ocurrido.
«Todo parece apuntar a que esas inversiones no se han venido produciendo a pesar de los ingentes beneficios que Endesa ha dado a conocer», denuncia OCU.
Por su parte, REE, en tanto que es «responsable de asegurar la calidad del suministro eléctrico, debería velar por la continuidad del mismo», señala la organización de consumidores.
OCU considera «irrisorias» las cantidades que están establecidas por la legislación actual como indemnizaciones en estos casos. Por eso, y ante la imposibilidad de que los usuarios demuestren el coste económico de los daños sufridos, solicitará al juez que la indemnización se fije en función de los perjuicios que se justifiquen «documentalmente» y de un tanto alzado por día sin suministro que estima en 300 euros (12,5 euros/hora).
Primeras reclamaciones
Recuperada ya prácticamente la normalidad, los afectados empiezan a presentar las primeras reclamaciones. La Agencia Catalana del Consumo (ACC) ha recibido hasta el momento más de 7.000 consultas de usuarios. Este organismo les ha remitido directamente a Fecsa-Endesa para que presenten la reclamación correspondiente.
Una vez puesta la queja ante la compañía eléctrica, ésta dispone de cinco días para pronunciarse. En caso de que la respuesta no sea favorable para el consumidor, la ACC intervendría para tratar de llegar a un acuerdo entre ambas partes.
Además, alrededor de 300 damnificados por el apagón han solicitado asesoramiento al Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) que han creado el Ayuntamiento de Barcelona y el Colegio de Abogados de la ciudad condal, mientras que cerca de un centenar lo han hecho en la oficina municipal de información.
Mientras tanto, el consistorio mantiene activado el Plan Específico de Emergencia Municipal, mediante el cual se coordinan todos los dispositivos de seguridad, movilidad, servicios urbanos y emergencias sociales con el fin de poder atender cualquier incidencia y para seguir los trabajos que todavía están desarrollando las compañías eléctricas.
El alcalde Jordi Hereu no descarta que el Ayuntamiento se persone en una «hipotética causa» contra las empresas responsables del corte «en función de las conclusiones de los diferentes expedientes informativos abiertos».
Hereu ha pedido la inmediata puesta en marcha de un plan de choque para impulsar nuevas actuaciones e inversiones en la red eléctrica de la ciudad «para adecuar el servicio a las necesidades reales de suministro».
