El Ministerio de Sanidad y Consumo ha modificado la cuantía de las multas previstas para aquellas personas que fumen en lugares en los que esté prohibido. En una de las últimas redacciones, el anteproyecto de Ley de Prevención del Tabaquismo fijaba multas de hasta 600 euros, como límite para las infracciones leves. Ahora se especifica la cifra de 30 euros, aunque podrán incrementarse hasta los 600 si el fumador reincide.
Así lo dijo ayer la ministra Elena Salgado, en su comparecencia ante la Comisión de Sanidad del Senado. El anteproyecto, que podría ser aprobado para su remisión al Parlamento en el Consejo de Ministros del viernes, dejará en manos de las comunidades la imposición de las multas. Los ejecutivos regionales tendrán que determinar qué cuantía merecen los comportamientos «ilegales» de los fumadores, dependiendo de su reincidencia y de la gravedad de la infracción.
Este cambio obedece a las indicaciones que fijó el Consejo de Estado en su informe no vinculante. Este órgano criticó que el Ministerio estableciese multas superiores para los fumadores que incumpliesen la norma que las que marcan otras leyes para determinados delitos de consumo y venta de estupefacientes.
El Gobierno trasladó la primera versión del anteproyecto también, como es preceptivo en la legislación, al Consejo Económico y Social. En su informe, este organismo requirió al Ministerio habilitar salas para fumadores en las empresas y dejar en manos de la negociación colectiva la prohibición de fumar. Esta petición se hizo por indicación de empresarios y sindicatos. Sanidad no modificará este aspecto. Prohibirá el consumo de tabaco en todo el ámbito laboral, sea público o privado.
También se ha modificado el régimen de sanciones, introduciendo una nueva figura: «la capacidad económica del infractor». Esta indicación supone que el infractor pagará según su solvencia o los beneficios que obtenga el negocio objeto de sanción. Junto a este elemento, el anteproyecto prevé la graduación de las multas teniendo en cuenta otros factores, como la repercusión social de quien no cumpla la norma, el beneficio que haya podido reportar esa actitud contraria a la ley o la reincidencia.
Apoyo del sector
Una veintena de asociaciones y empresas del sector del tabaco han asegurado apoyar las medidas propuestas por las autoridades sanitarias para prevenir el acceso de los jóvenes al tabaco y proteger el derecho de los no fumadores a respirar aire sin humo. No obstante, lamentan que Sanidad no les haya consultado para elaborar la ley antitabaco.
A su entender, los cambios introducidos en el anteproyecto de esta normativa sólo abordan aspectos técnicos y mantienen «un sistema basado en prohibiciones y sanciones a costa de los derechos y libertades de empresas y ciudadanos». En este sentido, descartan «que el único camino para lograr los objetivos del Gobierno sea a través de prohibiciones y sanciones».
El colectivo, integrado por la Asociación Empresarial del Tabaco (AET), los estanqueros, las máquinas de vending, las federaciones de hostelería y restauración, los anunciantes, y los fumadores por la tolerancia, entre otros, considera que «la correcta consecución de los objetivos del Ministerio de Sanidad tiene que basarse en medidas razonables, realizables y coherentes».
