El fraude cometido a través de la suplantación de la identidad personal, con documentos falsos o sustraídos, costó al sector de crédito al consumo aproximadamente 260 millones de euros en 2005, y el 95% de estas estafas se centraron en financiación de automóviles, hasta alcanzar la suma de 247 millones de euros.
El secretario general de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (Asnef), Honorio Ruiz, explicó que detrás de este tipo de fraude suelen estar las mafias internacionales, «que buscan bienes con alto valor y de venta rápida en el extranjero», como son los vehículos.
Ruiz indicó que, para llevar a cabo el engaño, estas mafias acuden a establecimientos comerciales y realizan compras con los documentos sustraídos, a los que realizan ligeras modificaciones, como cambiar la fotografía. Las principales perjudicadas con estas estafas son las entidades que conceden financiación, ya que el comercio recibe el pago en metálico «casi de forma inmediata», mientras que ellas no detectan el fraude hasta que pasan dos o tres meses desde el impago de una cuota, que suele ser la primera, y comienzan a investigar lo que en un principio parece un caso de morosidad.
El secretario general de Asnef comentó que el auténtico titular del documento también sufre un perjuicio, ya que se ve envuelto en un proceso judicial que, «aunque en la mayor parte de los casos se resuelve a su favor», le obliga a demostrar que no realizó la compra y a sufragar los gastos de su defensa.
Prevenir el fraude
Asnef y Equifax han desarrollado de forma conjunta «Veraz-SPF», una plataforma tecnológica con tres ficheros de datos que tiene como objetivo la protección de las entidades financieras y los ciudadanos frente a este tipo de fraude. El fichero de operaciones formalizadas con documentación incongruente (Fodi), ofrece datos que se repiten en las estafas, -como números de teléfono, códigos postales, o direcciones, entre otros-, que permiten detectar otros fraudes. Honorio Ruiz explicó que este listado «está sometido a un riguroso régimen de protección de datos», y que hace falta el consentimiento del comprador para que se crucen sus datos con el sistema. «Lo habitual es que el ciudadano que no tiene nada que esconder no se oponga a que se haga el cruce, pero quien esté intentando cometer un fraude se marchará del establecimiento».
Los ciudadanos que pierdan su documentación o sufren un robo pueden dar de alta sus datos de forma voluntaria en un fichero
Los ciudadanos que pierden su documentación o sufren un robo pueden dar de alta sus datos de forma voluntaria en el fichero de perdidos-sustraídos (Persus), por un tiempo de 3 meses, 6 meses o un año. El inconveniente de incluir los datos en este formulario es que si se desea solicitar un crédito al consumo, «el establecimiento sacará la operación de los cauces ordinarios y comprobará si el solicitante es realmente esa persona», lo que ralentiza el proceso, explicó Ruiz. La ventaja es que se logra evitar cualquier intento de fraude. El formulario de auto inclusión se puede rellenar en www.verazspf.es y es totalmente gratuito.
Un tercer fichero es el de sociedades, que se alimenta del Registro Mercantil y permite detectar si la empresa no existe, si está en quiebra, no presenta cuentas, o si se dedica a una actividad totalmente distinta a la que parece en un primer momento.
Honorio Ruiz explicó que el dependiente que cruce los datos de un cliente en el sistema nunca sabrá por qué salta la alarma que indica que se pare una operación, «lo que preserva los derechos de los ciudadanos».
