El Índice de Precios al Consumo (IPC) encadena cuatro meses de retrocesos, con dos de ellos en tasas negativas. De hecho, la de mayo es la mayor tasa negativa desde el mismo mes de 2016. La razón, obviamente, está sobre todo en la COVID-19, pero hay quien se pregunta si persistirá en el tiempo o qué efectos puede tener en el consumidor un IPC bajo. Como asegura José Antonio Muñoz, economista de Analistas Económicos de Andalucía, una bajada continuada por descenso de la demanda es muy perjudicial para la economía y puede suponer el cierre de empresas o una bajada de los salarios. Sin embargo, estima que estos datos deben tomarse con cautela —pues responden a una situación excepcional— y espera que los precios se incrementen a medida que se vaya recuperando la actividad.
El IPC recortó en mayo tres décimas su tasa interanual, hasta llegar al -1 %. ¿Qué significa que el IPC esté en terreno negativo?
Se ha producido una caída de los precios de una parte de los bienes y servicios que componen la cesta de la compra con la que se elabora el IPC. Dado que una parte sustancial de estos productos no ha tenido mercado desde el inicio del estado de alarma, la caída señalada hay que tomarla con cierta cautela.
Una bajada de los precios debe ser una circunstancia positiva para el consumidor, ¿o no?
En circunstancias normales, una caída transitoria del IPC puede deberse a factores de oferta o de demanda. En el primer caso, podría deberse, por ejemplo, a un aumento generalizado de la competencia entre proveedores de determinados bienes o servicios, o a mejoras tecnológicas transversales, que afectan a un amplio número de productores y que propician la disminución del precio de los bienes y servicios. Si este fuera el caso, los posibles descensos de precios tienen efectos positivos, tanto para los consumidores individualmente como para el conjunto de la economía, aunque hay que enfatizar que tendrían un carácter transitorio.
¿Y si se debe a un descenso de la demanda?
Si el descenso de precios estuviera ocasionado por un descenso de la demanda, no resulta positivo desde el punto de vista macroeconómico y, de persistir en el tiempo, podría dar lugar a un proceso deflacionario que puede tener consecuencias muy negativas. Por ejemplo, supondría el cierre de empresas que no pueden hacer frente a los costes de producción con los nuevos precios o, en su defecto, una reducción generalizada de los salarios en las compañías menos competitivas o en los trabajadores menos cualificados. Y esto, en un efecto de segunda ronda, podría volver a presionar los precios a la baja y entrar en una espiral deflacionaria.
¿Qué está sucediendo?
Las circunstancias actuales, tanto desde el punto de vista del comportamiento de los precios como desde la medición de los mismos, son claramente excepcionales. La cuestión es que el proceso ha comenzado por un shock de oferta (se han dejado de producir y comercializar bienes y servicios, especialmente vinculados al turismo, transporte y comercio), que ha derivado en una caída del empleo, bien sea por despidos o ERTE. Y esto ha ocasionado una pérdida de renta o ingresos notoria para una parte significativa de trabajadores y empresas, con una reducción de la demanda. No obstante, de la cesta de ‘bienes y servicios Covid’ (los que han continuado durante el estado de alarma declarado por el Gobierno) utilizados en el IPC de abril y mayo, la mayoría de los productos registraron un crecimiento interanual de los precios, mientras que la de los servicios vinculados a suministros energéticos han experimentado una fuerte reducción. Parece evidente que los precios de estos servicios se incrementarán a medida que se vaya recuperando la actividad.
¿Puede haber algún efecto negativo de un IPC bajo?
El hecho de que la inflación esté, de manera coyuntural, en niveles bajos, por debajo del 2 % que se fija como objetivo el Banco Central Europeo, no debe tener efectos negativos, especialmente si se comprenden las causas que la han producido. De persistir en el tiempo, el principal efecto negativo podría suponer una posible caída de la demanda de los bienes de inversión (por ejemplo, automóviles o viviendas).
Y si se produjeran estos efectos negativos, ¿cuál es la solución?
La solución a este tipo de problemas suele ser una combinación de políticas de oferta, de carácter más estructural y con un menor impacto a corto plazo, y de demanda, caso de las monetarias y de las fiscales, en función de las causas que hayan provocado la deflación. Pero en la actualidad, la política monetaria tiene poco margen de actuación, debido principalmente a que ha sido el instrumento empleado para intentar impulsar la economía de la eurozona desde la crisis de 2008.
