Vivir de la beneficencia

La desigualdad social se ha vuelto más visible y cercana. La pérdida del empleo, la morosidad, el embargo y otras situaciones que antes “sólo” les ocurría a “los otros” ahora puede pasarnos a cualquiera. No obstante, la crisis también ha provocado otro fenómeno paralelo: el protagonismo de organizaciones caritativas que se dedican a paliar las consecuencias sociales del deterioro económico y que, al igual que los servicios municipales y estatales, manifiestan estar desbordadas de peticiones de ayuda. Según la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), la demanda de comida de las entidades benéficas ha aumentado en un 45% desde que comenzó la debacle financiera. Otras cifras similares refrendan que cada vez hay más personas que recurren a la caridad para hacerle frente a la crisis. Ahora bien, ¿es posible vivir de la beneficencia?

Lo primero que hay que distinguir, antes de responder a esta pregunta, es que el perfil del individuo pobre en España ha cambiado. Al sector de la población que ya acudía a estos servicios en busca de ayuda (ancianos sin familia, inmigrantes sin papeles, mujeres desprotegidas y personas con problemas de drogodependencias) se ha unido otro grupo muy importante que, hasta hace bien poco, formaba parte de la clase media del país. Es decir, el perfil del solicitante de ayudas ha cambiado y, con él, el tipo de ayuda que se solicita. Por citar un ejemplo, hay familias en las que sólo uno de los dos adultos ha perdido su empleo; si bien ésta no es la situación más grave, altera seriamente la dinámica y la estabilidad familiar, pues no alcanza con un único ingreso para hacer frente a la hipoteca, la alimentación, los gastos fijos y los imprevistos. Mucho peor es la situación del millón de familias españolas en las que ningún miembro ingresa dinero en casa.

Ante la disminución de ingresos, se recortan los gastos que tiene que ver con todo aquello que no sea imprescindible. Salir al cine, tomarse el café de la mañana en el bar o cenar en un restaurante dejan de ser ocasiones de ocio para convertirse en pequeños lujos. Así, se empieza por cortar estas salidas y se termina, por ejemplo, por vender el coche o, peor aún, poner el piso en alquiler para pagar la hipoteca, lo que supone tener que irse del inmueble. Sea como sea, los recortes que sirven para ahorrar no siempre son suficientes. Es entonces cuando entran en juego los programas públicos de emergencia social y las organizaciones caritativas, que intentan cubrir las carencias más acusadas en materia de vivienda, alimentación, salud, educación y vestido. Algunas incluso dan apoyo psicológico a los “nuevos pobres”, que muchas veces manifiestan cuadros de depresión o ansiedad como consecuencia de la pérdida de estatus.

Se dice que nadie muere de hambre en España, y es cierto. Aunque haya personas que piden limosna en la calle o en las puertas de las iglesias (y cada vez más gente que hurga en la basura de los supermercados), no hace falta llegar a tanto para poder alimentarse. A lo largo y ancho de la geografía del país existe una amplísima red de comedores sociales donde se puede cubrir esa necesidad primaria. Dependiendo de las comunidades o, incluso, de los municipios, estos comedores están regentados por los servicios públicos o las ONG, pero el objetivo en ambos casos es el mismo: que a nadie le falte un plato de comida caliente al día.

Entre los nuevos usuarios de los comedores hay una horquilla muy amplia que va de personas solas a familias enteras. Para algunos, es la única posibilidad de alimentarse. Para otros significa poder seguir pagando la hipoteca del piso o escapar del embargo por otras deudas contraídas en épocas de bonanza económica: el presupuesto que se ahorra en comida se destina a cubrir otros gastos o hacer frente a otras obligaciones acuciantes. Echar mano de este recurso no es agradable para quienes sólo concebían las comidas fuera de casa en la mesa de algún restaurante. Acudir a los servicios públicos de beneficencia entraña cierta sensación de fracaso y derrota que cala hondo en cualquier persona, especialmente en aquéllas que jamás se habían imaginado en una situación así. De ahí que los nuevos usuarios de estos comedores y otros servicios de emergencia social intenten mantenerse en el anonimato.

Pero que sean discretos o procuren ser “invisibles” no quiere decir que no existan. Sólo durante el año pasado, casi 900.000 personas se alimentaron en los comedores que abastece la FESBAL, que repartió 69.000 toneladas de comida no perecedera, como arroz, pasta, azúcar o conservas, entre más de 7.000 entidades benéficas. La demanda de alimentos ha crecido notablemente en poco más de un año y las ONG estiman que lo seguirá haciendo, al igual que otro tipo de ayudas relacionadas con la vivienda y el abrigo.

Como sucede con los comedores, la gestión de los albergues puede estar a cargo de las ONG, las diputaciones o los servicios municipales, aunque generalmente trabajan en conjunto, sumando esfuerzos. Si bien es cierto que estos hospedajes tienen su punto álgido en invierno -cuando las bajas temperaturas y las inclemencias del tiempo aprietan a quienes ya viven en la calle-, no es menos cierto que, tras el inicio de la crisis, las consultas y solicitudes se han disparado. Asociaciones de inmigrantes y asociaciones étnicas también ayudan a los suyos en situaciones de emergencia social, ya sea realizando las gestiones ante los servicios sociales o solventando económicamente un alojamiento provisorio en hostales y pensiones hasta encontrar una solución más definitiva. A propósito de las gestiones, aunque los servicios sociales públicos se aproximan más a la filosofía del Estado del bienestar que a la caridad o la beneficencia, es interesante reseñar ese trabajo conjunto con las ONG, que suelen ser las primeras receptoras de personas en apuros y, también, las que las orientan en los no siempre sencillos caminos de la Administración. Así como todas las entidades benéficas del país han notado un incremento de personas necesitadas que acuden a pedir asistencia, el Gobierno y los ayuntamientos también han visto cómo se incrementaban las solicitudes de ayudas contra la exclusión social.

No hace falta quedarse en la calle para empezar a buscar alternativas. Hay pasos intermedios. En 2008, Cáritas España empezó a centrar sus esfuerzos en paliar los efectos de la crisis atendiendo, entre otros frentes, el de la vivienda. Desde los impagos de las hipotecas o los alquileres, hasta los desahucios, los embargos o los recibos impagados, esta red se ha preocupado por ayudar a quienes sí tienen un hogar (sea en régimen de propiedad o de alquiler) y corren riesgo de perderlo. Una medida que, entre otras cosas, pone de manifiesto cómo ha cambiado el perfil de la pobreza.

En asuntos como la vivienda, algunas ONG pueden costear gastos puntuales, pero generalmente su mejor contribución es un buen asesoramiento a la persona que se encuentra desesperada ante una nueva situación socioeconómica que no sabe cómo manejar. Muchas veces cumplen una labor informativa sobre los procesos para solicitar ayudas económicas de emergencia social, explican al usuario cuáles son las dependencias administrativas, qué impresos deben presentar y qué requisitos han de cumplir para obtener subsidios o prestaciones dinerarias que ayuden a cubrir los gastos básicos del hogar; sea el alquiler, la alimentación o el pago de unos servicios mínimos para vivir con cierto decoro. Por supuesto, también es posible acudir directamente a los departamentos de servicios sociales de los ayuntamientos, aunque, aun teniendo el perfil para ser beneficiario, la adjudicación de la ayuda no es inmediata. Los trámites llevan su tiempo y, entre tanto, hay que recurrir a otras alternativas, como los comedores, los alojamientos provisionales y, si cabe, la ropa donada. Además, las iglesias y las ONG aceptan y gestionan donaciones de vestimenta; algunas veces en sus propias sedes y, otras, mediante contenedores ubicados en distintos barrios y un servicio de recogida.

Además de la alimentación, la vivienda y el abrigo, hay otros tres aspectos fundamentales en la vida de cualquier persona: la salud, la educación y los canales para buscar empleo. Esto último es, en síntesis, lo que permite costear todo lo anterior sin depender del Estado o de las entidades benéficas y asegurarse, además, un futuro. Por ello, muchas organizaciones caritativas contribuyen a la formación profesional o a la búsqueda de empleo, ya sea de manera exclusiva o como una rama más de sus servicios. Éste es el caso de Cruz Roja, otra de las grandes entidades de asistencia social en España.

En el ámbito nacional, Cruz Roja promueve la inserción laboral de los sectores de la población más vulnerables, como los inmigrantes, las mujeres, los parados de larga duración y las personas mayores de 45 años. A ellos les ofrece asesoramiento, orientación laboral y cursos de formación, mientras que a las empresas que potencialmente podrían contratarles les proporciona un servicio de intermediación. Según señalan desde la entidad, su Plan de Empleo ha atendido a 150.000 personas desde 2001 y sólo el año pasado ha logrado que 6.500 personas accedieran al mercado de trabajo; la gran mayoría, mujeres. Cáritas también ofrece cursos de orientación y formación, planes de inserción laboral y apoyo para la educación de los hijos. Asimismo, un buen número de ayuntamientos proporciona este tipo de vías de formación para mejorar las posibilidades de reinserción laboral de los adultos y, al mismo tiempo, mantener activa a la población que está en el paro.

Sin embargo, la ayuda a la educación de los niños, así como los gastos sanitarios que se originan de la compra de medicinas, no es un tema menor. Si bien el Estado garantiza la atención médica y la educación básica a todos sus habitantes y cualquiera puede acudir a un centro de salud, no todos pueden costearse sus medicamentos o los tratamientos indicados por el médico. Y lo mismo puede decirse de la educación: aunque es gratuita, los materiales de estudio no lo son, cuestan dinero y, en ocasiones, su coste supone un impedimento.

Entonces, ¿es posible vivir de la beneficencia en España? La respuesta es que sí. Al menos, sí es posible conseguir ayuda para ciertos mínimos de vida, como la alimentación, el alojamiento, la ropa, la salud y la educación. Sin duda, el marco de la Unión Europea aporta una buena dosis de estabilidad y respaldo económico, y España en particular tiene tres rasgos que hacen que sea posible vivir de la caridad. El primero: que socialmente está instaurado el modelo de Estado del bienestar, un esquema que se mantiene, incluso en medio de una crisis profunda como la actual. El segundo: que los españoles encabezan las listas mundiales en materia de solidaridad. Y el tercero: el altísimo nivel de asociacionismo que hay en el país. Estos tres rasgos articulados permiten que funcione una maquinaria bien engrasada en materia de beneficencia, administración de recursos y auxilio al prójimo, sin olvidar la labor que se hace desde las parroquias, las mezquitas y otros centros religiosos.

Por otro lado, de cara a la próxima campaña de la Declaración de la Renta, un buen puñado de asociaciones y coordinadoras de ONG de todo el país se han unido para recordar la importancia de las aportaciones de los contribuyentes. Las cifras oficiales del pasado ejercicio fiscal indican que quienes marcaron la casilla “fines sociales” aportaron más de 240 millones de euros para financiar proyectos sociales, de asistencia y, también, medioambientales. Para este año, las cuatro coordinadoras que encabezan este movimiento esperan que la cifra se incremente.