Las mujeres jóvenes se incorporan al mercado laboral igual que los hombres, por lo tanto no necesitan una renta de supervivencia en caso de que su pareja fallezca, mientras que existen miles de ancianas, mayores de 70 años, que viven solas y reciben una prestación muy baja tras haber perdido a su marido. En consecuencia, es necesario reformar en profundidad la pensión pública de viudedad, según afirmó ayer, en el Congreso de los Diputados, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho.
El ministro intervino por primera vez en la comisión no permanente del Pacto de Toledo para explicar los planes de su departamento en materia de Seguridad Social. Este acuerdo parlamentario, suscrito en 1995, ha servido de base para todas las reformas de pensiones realizadas con posterioridad a esa fecha. El acuerdo fue renovado en 2003 y ahora, otros cinco años después, se han de abordar nuevos cambios tal y como recoge la propia regulación del Pacto.
El ministro insistió en que es preciso estudiar los avances sociales que necesita el país y hacer previsiones a largo plazo para que el Estado de Bienestar no se vea afectado por el aumento del envejecimiento de la población y el incremento de la esperanza de vida.
Corbacho adelantó que el arranque de la reforma de la pensión de viudedad será la proposición de ley aprobada el pasado martes, sometida a la consideración de la comisión, en la que se optaba por subir la base reguladora de la prestación. En la actualidad y en términos aproximados, la viudedad conlleva el cobro de 52 euros por cada 100 que percibía el fallecido.
Plan de recolocación
Por otro lado, el Ministerio de Trabajo e Inmigración y los consejeros autonómicos aprobaron el plan de recolocación de parados, que costará 201,32 millones de euros. Este proyecto recoge la contratación de 1.500 orientadores profesionales que se distribuirán territorialmente en función del número de oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) y de la situación del desempleo en cada comunidad. El montante más elevado, de 47,481 millones, y el mayor número de tutores, 413, corresponderán a Andalucía, y el más bajo, de 0,806 millones, y el menor total, seis, a La Rioja.
El plan, diseñado en principio para un año, durará al menos 15 meses. Es decir, su vigencia comenzará en septiembre de 2008 y terminará en diciembre de 2009. Después, podría prorrogarse en función de la situación del mercado laboral.
Corbacho se mostró partidario de que las comunidades autónomas tengan «un margen muy amplio de libertad» en la gestión de las ayudas incluidas en el plan de recolocación, para adoptar las políticas de empleo más adecuadas a sus peculiaridades, de forma que el Estado se limite «a tomar medidas» de las políticas desarrolladas en cada territorio.
