Conocer los datos básicos de una empresa que debe una determinada cantidad económica a un trabajador, informarse de cómo es la compañía con la que acaba de firmar un contrato de trabajo, detectar la razón social o el historial de un directivo de una empresa deudora o morosa, e incluso recabar datos económicos de una empresa con el objetivo de invertir en ella, está al alcance de los todos los ciudadanos españoles a través del acceso a diferentes fuentes informativas. Todas ellas son legales y permiten conocer cualquier dato mercantil o financiero de la empresa. Unas son de carácter público -disponibles para todos los ciudadanos- y otras son privadas y permiten acceder a una información más especializada y personalizada. La forma más cómoda para realizar esta búsqueda es a través de Internet (en ambas modalidades) mediante un pequeño formulario con los datos más básicos del solicitante.
Información disponible
El primer paso para acceder a los diferentes servicios de información -públicos o privados- es determinar qué tipo de información se va a necesitar. No será lo mismo solicitar una información elemental de la empresa que conocer el balance de cuentas o el historial de un directivo. Este punto es importante porque este servicio no es gratuito en todos los casos (sólo cuando se solicitan datos muy básicos) por lo que determinar desde el principio la naturaleza de la información demandada puede contribuir, en gran medida, a ahorrar en la factura final. El precio dependerá del grado de exigencia de la información demandada y de la frecuencia con la que se demande este tipo de servicios. Por ejemplo, para consultas regulares existen bonos y cuotas anuales.
¿Qué tipo de información se puede consultar?
En los servicios de información sobre las empresas es posible consultar toda la información actualizada necesaria para conocer mejor a los clientes, proveedores, empleadores, deudores y competencia, todo ello a través de los informes sobre datos extraídos de fuentes oficiales -y analizados por profesionales- que proporcionan un completo conocimiento sobre las mismas.
Cuando un ciudadano se registra en algunas de estas empresas, puede tener acceso (sin cuota fija), junto a informes de solvencia y riesgo-crédito de las mismas, al módulo RAI (Registro de Aceptaciones Impagadas), y conocer si una empresa está incluida en él. Otra de las opciones es pedir un informe mercantil completo de la empresa, que consta de las siguientes informaciones: gráficos y ventas de los últimos años, consejo de administración, administradores actuales, administradores históricos, directivos, accionistas, participaciones y vinculaciones en otras empresas, artículos de prensa publicados sobre la empresa, información oficial y registral complementaria, y marcas registradas de la empresa.
A través de diversas fuentes (Registro Mercantil, prensa, investigación propia, etc…) también es posible conocer las vinculaciones profesionales de millones de ejecutivos y empresarios, y su participación como directivos, administradores y apoderados en empresas españolas.
Fuentes públicas y privadas
Las fuentes de información públicas son las más numerosas y más fáciles de consultar, ya que la mayoría son on line, pero tienen la desventaja de que también son las que ofrecen una información menos detallada. De entre todas, las más importantes son la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Registro Mercantil. La CNMV es especialmente eficaz si se quiere recabar datos de las empresas y sociedades financieras a través de toda la información que éstas generan: notas de prensa, hechos relevantes, cambio de accionariado, notificaciones, etc. Se puede acceder, además, a un servicio de consulta de informes y publicaciones de cada una de las empresas.
El principal inconveniente de este sistema es que solamente afecta a las empresas cotizadas en bolsa, y no afecta a las pequeñas y medianas empresas. Su principal aportación es su utilidad en casos de información para el accionista o para protegerse de eventuales fraudes financieros como los denominados “chiringuitos financieros”. Permite, a través de un buscador, seleccionar la empresa que se desee, de la que aparece toda la información disponible hasta el momento, y de manera gratuita. Es de gran utilidad para los inversores, ya que les permite estar informados en todo momento sobre los movimientos que se vayan produciendo en cualquiera de las empresas.
Las fuentes de información públicas son la más numerosas, pero ofrecen una información limitada
La segunda de las fuentes de información públicas a las que puede acceder el ciudadano es el Registro Mercantil Central, idóneo para hacer consultas sobre pequeñas y medianas empresas, tanto “in situ” como a través de la red. Para conseguir información on line hay que registrarse previamente. La principal información a que puede accederse son datos básicos como el nombre social de una empresa, CIF, apoderados, administradores, etc., con la posibilidad adicional de obtener diferentes clases de certificados. También dispone de una amplia estadística de las sociedades constituidas, muy útiles para quienes necesiten información sobre quiebras, disoluciones, suspensión de pagos, etc. Quizá su mayor inconveniente es el excesivo papeleo a tramitar, lo que provoca que las gestiones se alarguen durante varios días.
Empresas especializadas
La información acerca de una empresa determinada puede recabarse también a través de fuentes privadas. Hay negocios especializados en buscar información de empresas que ofrecen desde datos genéricos hasta análisis detallados sobre las actividades de la compañías. La contratación de estos servicios se puede realizar a través de Internet, del departamento comercial de la compañía, o rellenando un pequeño formulario que permite el acceso a todos los servicios y productos. El valor adicional que proporciona este tipo de fuentes es que dispone de un trabajo de investigación muy actualizad. Los servicios que ofrecen varían en función de la información que requerida, con varios niveles de acceso de la información. Dun & Bradstreet, por ejemplo, dispone de varios niveles:
- D&B e-Express. Ofrece una información básica sobre las empresas españolas.
- D&B Access para internet. Contempla una información comercial de valor añadido, comparativos financieros e información de pagos.
- D&B Rating. Para información de mayor calado financiero. Está más indicado para empresas que para particulares.
Los precios de estos servicios que también ofrecen empresas como Credinsa y Unibarsa varían en función de la información solicitada y del tiempo de duración que requiera la investigación. Así por ejemplo, para realizar una consulta básica la tarifa oscila entre 10 y 30 euros. También se ofrece la opción de pagar una cuota anual, en torno a 150-200 euros aproximadamente, que da derecho a consultar todos los datos y solicitar los informes necesarios.
Información on line
La manera más cómoda y rápida que tiene el ciudadano para acceder a los datos es Internet, aunque en muchas ocasiones se encuentra sólo información elemental. Axesor, E-informa, e Informa son algunas de las empresas que se han creado para tal fin. A través de esta modalidad se obtiene información mercantil, financiera, jurídica o legal de las empresas consultadas. Pero también información más sencilla como puede ser la mercantil o el acceso a las fichas de las empresas. Otro servicio que prestan este tipo de empresas es la búsqueda de nuevos clientes on line, a través de un listado de empresas que disponen en sus registros. En estos momentos la principal novedad es la modalidad wap, a través de la telefonía móvil. Entre sus ventajas destaca que se puede conseguir información de empresas ubicadas en otras áreas geográficas, aunque en ocasiones obligan a suministrar los datos bancarios para acceder a la información gratuita.
Los precios
El coste de estos servicios varía en función de la información que se requiera. Hay servicios gratuitos para las primeras operaciones, e incluso ofertas por inscribirse. Pero por lo general, es necesario darse de alta rellenando un cuestionario con los principales datos y elegir la forma de pago:una cuenta bancaria o tarjeta de crédito.
Por otro lado, también hay que tener en cuenta varias modalidades para realizar el abono, bien a través de un contrato anual, bien por un sistema de bonos de pago o simplemente por servicio realizado. Por lo general las tarifas varían en función del servicio contratado, que oscila desde 0,5 euros por realizar una consulta básica, a 50 euros por un informe comercial. Algunas empresas de este ramo, como “gancho” para obtener más clientes permiten la consulta gratuita de un número determinado de empresas (5-10), para posteriormente cobrar por este servicio.