El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) comienza este curso con el objetivo, que no es nuevo, de que todas las personas con discapacidad se integren en el mercado laboral español. Así lo ha manifestado su presidenta, Pilar Pérez Bermúdez, que tiene entre sus objetivos el que todos los discapacitados alcancen una integración plena en la sociedad. En España, la discapacidad afecta a tres millones y medio de personas, lo que equivale al 9% de la población, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El paro afecta a estas personas en un 40% más que a quienes no lo son, y la situación se agrava aún más en el caso de las mujeres, de las que sólo un tercio están ocupadas. De ahí que el CERMI haya presentado una amplia propuesta al Gobierno para el curso 2007-2008, que cuenta entre sus objetivos la disminución de la elevada tasa de paro que soporta este segmento de la población, así como mejorar el acceso a puestos de trabajo de calidad. Según este comité, las afiliaciones a la Seguridad Social de personas con discapacidad se han multiplicado por 3,59 en el último decenio.
Bonificaciones en los contratos
Dar empleo a personas con discapacidad tiene importantes bonificaciones. Por cada contrato realizado a tiempo completo, la empresa obtiene una subvención de 3.907 euros. Además, la empresa tendrá derecho a distintas bonificaciones: si emplea a un hombre mayor de 45 años, de 5.700 euros por año. En el caso de contrato a menores de 45 años, la cuantía es de 4.500 euros al año en el caso de los hombres, y de 5.350 euros en el de las mujeres. Si los trabajadores sufren discapacidad severa, la subvención para los menores de 45 años será de 5.100 euros anuales para los hombres, y de 5.950 para las mujeres, mientras que la cantidad asignada a los mayores de 45 años se eleva hasta 6.300 euros. Además, las empresas podrán beneficiarse de una deducción de la cuota íntegra del Impuesto de Sociedades en 6.000 euros anuales por persona de acuerdo al incremento de la plantilla de trabajadores con discapacidad, contratados por tiempo indefinido, respecto a la plantilla media de trabajadores con discapacidad del ejercicio inmediatamente anterior. También se otorgan bonificaciones en contratos para la formación de personas con discapacidad, en los que la cotización a la Seguridad Social será del 50% de las cuotas empresariales previstas para los contratos normales.
La subvención para los trabajadores con discapacidad severa menores de 45 años será de 5.100 euros anuales para los hombres, y de 5.950 para las mujeres
La Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo pone como ejemplo a la compañía Shaw Trust, que comenzó a trabajar con discapacitados en 1983. Actualmente la empresa dispone de ayudas estatales de entre 5.000 y 7.000 euros para cada uno de los puestos laborales ocupados por personas con discapacidad. Tim Pape, presidente de esta empresa, señala que la situación en España es ‘poco habitual’, ya que al igual que en Francia, Alemania y Austria se dispone de un sistema de reservas de plazas laborales mínimas a cubrir exclusivamente por estas personas, aquí no ocurre. En su opinión, es necesario “ayudar a los empresarios a entender que las personas con discapacidad pueden ser unos excelentes trabajadores y una gran contribución para la empresa”, y pide a los propios trabajadores que “cuenten sus experiencias laborales, no sólo de cara a los empresarios, sino también para animar a otras personas con discapacidad”.
Para el profesor asociado de la Universidad Autónoma de Madrid, Javier Fuentes, los discapacitados se enfrentan a un ‘techo de cristal’, que este experto define como “una barrera invisible que les impide el acceso pleno a determinados puestos de responsabilidad, creándose diferencias salariales que les imposibilita promocionarse en el mundo laboral”. En su opinión, “no es comprensible que si dos personas pueden cumplir con su trabajo de la misma forma, se discrimine a uno de ellos por motivo de su discapacidad”. Según la Organización Internacional del Trabajo, en el mundo unos 470 millones de personas discapacitadas están en edad de trabajar, pero existe una creciente preocupación por la discriminación laboral que sufren. Las conclusiones de su último informe sobre discriminación en el mundo laboral señalan que las posibilidades de encontrar trabajo disminuyen a medida que la discapacidad aumenta. En concreto, en Europa, el 66% de las personas entre 16 y 64 años tienen posibilidad de encontrar empleo, pero en el caso de los discapacitados la proporción baja hasta el 47%, y al 25% entre los que sufren discapacidad severa.
Ordenamiento jurídico
La Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad fue aprobada en 2003. Recoge medidas para garantizar que el derecho a la igualdad de oportunidades sea efectivo, e instituye el modo de llevar a cabo una política de equiparación, fomento y defensa de estas personas. Las primeras hacen referencia a medidas de sensibilización, fomento del desarrollo tecnológico y fondos para el desarrollo conjunto con distintas administraciones. Entre las medidas de defensa, se potencia el uso del arbitraje para dirimir la resolución de conflictos que puedan surgir. Por otro lado, una disposición de la ley obliga a las comunidades de propietarios a la realización de obras de accesibilidad en elementos comunes a favor de personas con discapacidad, con el límite de que no excedan de tres mensualidades, salvo aprobación por la mayoría de los vecinos. En este sentido, el CERMI ha pedido a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado que aprueben lo antes posible la Convención de Naciones Unidas sobre derechos de las Personas con Discapacidad, ya que de esta forma pasaría a formar parte del ordenamiento jurídico español. El CERMI cree que en diciembre de este año se habrá conseguido su aprobación, y aseguran que si España es de los primeros países en ratificar la Convención, “estará en mejores condiciones para tener un representante en el Comité de Seguimiento”.
Todas las personas discapacitadas que trabajan tienen una bonificación de hasta 8,5 años cuando se jubilan, dependiendo de su grado de discapacidad
Otro problema lo constituyen las personas con un coeficiente de inteligencia de entre el 70% y el 85%. El presidente de la Federación de Minusválidos de la Comunidad de Madrid, Fernando Becerra, expone varias razones por las que estas personas sufren una elevada tasa de paro. Una de ellas son los prejuicios de los empleadores sobre la capacidad de los discapacitados para trabajar de forma eficaz, a pesar de que los estudios que se han llevado a cabo indican lo contrario. Tampoco es cierto que este colectivo tenga un mayor absentismo laboral. Además, los empresarios desconocen las ventajas e incentivos fiscales que la ley concede a quienes contratan a personas con discapacidad. Para conseguir la plena equiparación de éstas se están llevando a cabo varias iniciativas. Por un lado, los Servicios de Integración Laboral, promovidos por asociaciones de discapacitados psíquicos o físicos, ayudan a seleccionar a las personas idóneas para un trabajo. Y por otro, los Centros Especiales de Empleo, empresas cuya plantilla debe tener al menos un 71% discapacitados. Por parte del Gobierno también se están poniendo en marcha distintas medidas a favor de su integración, reclamando a las empresas dedicadas a las nuevas tecnologías implicarse más en la aplicación y puesta en marcha de las tecnologías de la accesibilidad, a fin de lograr una sociedad inclusiva e igualitaria para las personas mayores y con algún tipo de discapacidad.
Todas las personas discapacitadas que trabajan tienen una bonificación de hasta 8,5 años cuando se jubilan, dependiendo de su grado de discapacidad. La edad media de jubilación de este colectivo está en 60,6 años. Un total de 2.913 trabajadores con discapacidad se han jubilado anticipadamente desde enero de 2004 hasta el mes de mayo de 2007, según los datos facilitados por la Administración. De ellos, 1.867 personas presentaban un grado igual o superior al 65% de discapacidad y 1.046 gozaban, además, del reconocimiento de ayuda de una tercera persona. En este último colectivo, la edad media de jubilación se situó en 62,1 años.
