La titular del Juzgado de Primera Instancia número 73 de Madrid ha aprobado el convenio de acreedores de Eurobank del Mediterráneo, que permitirá pagar el 100% de la deuda contraída por la entidad financiera más unos intereses del 2,5%. En un auto, la jueza María Teresa Romero Suárez explica que Eurobank, intervenida en julio de 2003 por el Banco de España, logró obtener firmas por un 85,13% de su pasivo, que asciende a más de 135 millones de euros.
De este porcentaje de firmas, el mayor volumen correspondió al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), al que se adeuda 81,8 millones de euros (un 60,45% del pasivo), seguido de los acreedores de Madrid (17,6 millones; 13,09%), Barcelona (10,07 millones; 7,46%), Bilbao (1,9 millones; 1,45%), Tarragona (1,42 millones; 1,06%), y Sevilla (1,12 millones; 0,83%).
El resto de firmas recabadas a favor del convenio corresponde a acreedores que se dirigieron directamente al Juzgado de Primera Instancia y que suponen un 0,79% del total de rúbricas (1,07 millones).
A partir de ahora, si nadie impugna el convenio de acreedores, se subastarán públicamente los bienes de la entidad financiera para pagar el 100% de la deuda y los intereses anuales (más de 138,5 millones de euros).
Falta de diligencia
Por su parte, la Asociación de Afectados por Eurobank del Mediterráneo (Adaem) ha denunciado que el banco no ha actuado con «la suficiente diligencia» para efectuar estos trámites y no descarta solicitar la situación de quiebra, si la entidad financiera «sigue con estos retrasos».
Según Adaem, Eurobank quiere vender sus activos y liquidar la deuda antes de que se firme el convenio y haya que ir a la subasta, mientras que, a juicio de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), lo más positivo sería que el banco pudiese deshacerse de su cartera crediticia y los inmuebles para que los acreedores reciban el dinero «cuanto antes».
En julio, el juzgado autorizó el pago a los acreedores de 101,32 millones -el 75% de la deuda de Eurobank-, antes de pronunciarse sobre varias ofertas presentadas por la entidad financiera -por su cartera crediticia y sus inmuebles- para liquidar el total de la deuda, antes de que se ejecute el convenio.