El Congreso de los Diputados aprobó ayer la creación de un registro de seguros de vida para que los interesados puedan conocer si una persona fallecida tenía contratada alguna póliza en caso de muerte y con qué entidad. De esta forma se pretende evitar que las aseguradoras dejen de pagar debido al desconocimiento de los posibles beneficiarios. Se estima que cerca de un 10% de las pólizas de vida no llegan a ser cobradas porque sus beneficiarios no saben de su existencia.
El texto aprobado obliga a las compañías aseguradoras a inscribir en dicho fichero los cerca de diez millones de pólizas de vida que existen actualmente en España, con el objetivo de que los beneficiarios puedan consultarlo para conocer cuántos seguros con cobertura de fallecimiento tenía contratados la persona muerta, una vez transcurridos 15 días desde el momento de su defunción.
Ahora, el Gobierno deberá elaborar un reglamento en el que se fijen, entre otros aspectos, los procedimientos y medios a utilizar para la consulta de la información o el plazo máximo para que el fichero emita el certificado.
El registro, que podría estar en marcha en la primavera de 2006, recogerá los datos identificativos de la persona asegurada, de la entidad aseguradora y del contrato de la póliza. Sólo podrán acceder a él aquellas personas que acrediten la muerte de su familiar o allegado, cuyos datos serán conservados por un periodo de cinco años.
La patronal del sector, Unespa, señaló que el registro será un instrumento para mejorar el servicio que se presta a los asegurados y destacó que España es el primer país europeo en crear un fichero de esta naturaleza.
Quedarán excluidos del fichero los seguros que instrumentan compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores, así como los que, en caso de fallecimiento del asegurado, coincidan tomador y beneficiario. También estarán fuera los contratos suscritos por mutualidades de previsión social que actúen como instrumento de previsión social empresarial, mutualidades de profesionales colegiados y aquellas cuyo fin exclusivo sea otorgar prestaciones o subsidios de docencia o educación.
La presidenta de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa), Pilar González de Frutos, ha destacado que España se convertirá en el primer país europeo que dispondrá de un instrumento de estas características, y que favorecerá «la transparencia del sector, será una garantía para los asegurados e impulsará el negocio asegurador».
La Asociación Española de Consumidores de Seguros (Aecos), que cuenta con unos 15.000 asociados, también celebra la aprobación del registro, pero cree que hubiera sido mejor que incluyera los seguros de invalidez. Según Aecos, la persona que queda inválida no sabe todos los seguros a los que tiene derecho porque pueden corresponderle por tarjetas de entidades, de hoteles o de fidelización de clientes, así como por billetes de avión o tren.
