El Juzgado de lo Social número 1 de San Sebastián ha condenado a la empresa Pastelería Aguirre de la localidad guipuzcoana de Irún a pagar a uno de sus empleados un recargo del 30% de las prestaciones de Incapacidad Permanente Total, por la falta de medidas de seguridad ante la enfermedad profesional contraída por el trabajador, conocida como «asma de panadero»», según informó ayer el sindicato Comisiones Obreras (CC.OO).
La sentencia señala que la empresa no tenía efectuada la evaluación de riesgos laborales, ni un plan de prevención y sólo realizaba reconocimientos médicos genéricos y no los específicos en relación con los riesgos.
El empleado, un pastelero de 44 años de edad, sufrió desde 1994 numerosas bajas a causa de su enfermedad y finalmente en 2001 se le reconoció la Incapacidad Total por Enfermedad Profesional, cuyo cuadro clínico recogía «rinoconjuntivitis, y asma bronquial por sensibilización a alfa, amilasa y harina de cebada», aconsejándosele evitar de forma definitiva estar en contacto con el alérgeno de su puesto de trabajo habitual.
Comisiones Obreras presentó una demanda judicial solicitando un recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad.
La sentencia constata que no se había efectuado la evaluación de riesgos, ni un plan de prevención ni reconocimientos médicos específicos, a pesar de que los daños se detectaron desde 1994, y afirma que «la empresa debía evitar los riesgos y adaptar el puesto de trabajo a las condiciones del trabajador, pues se trata de prevenir los riesgos reales, no sólo los legales».
Para CC.OO, esta sentencia «sienta un importante precedente de bonus-malus» y supone un avance para «acabar con un hecho lamentable: que resulta más barato infringir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que la adopción de las medidas preventivas para garantizar la salud».
El bonus-malus es uno de los principales ejes sobre los que gira el Plan de Choque contra la Siniestralidad Laboral firmado el miércoles por el Gobierno central, las comunidades autónomas, empresarios y sindicatos.
El sistema implica la modificación de las cotizaciones sectoriales, al tiempo que variará la cotización de las empresas en función de su índice de siniestralidad, con reducción para quien cumpla las reglas y con penalización para quienes registren una elevada tasa de accidentes. Otro de los ejes del plan es un mayor control sobre la actuación de las mutuas.
