El Consejo de Ministros ha aprobado el Programa Escuela 2.0, una iniciativa de innovación educativa que pretende poner en marcha «las aulas digitales del siglo XXI». El proyecto prevé que en los próximos meses un total de 392.000 alumnos y 20.000 profesores de 5º de primaria, en más de 14.400 aulas digitalizadas de toda España, dispongan de un ordenador personal ultraportátil que podrán utilizar para su formación.
El despliegue del programa comenzará este mismo mes de septiembre con experiencias piloto en las que participarán, al menos, 7.100 alumnos en 300 aulas de diferentes comunidades autónomas, Ceuta y Melilla. También se iniciará la formación de los profesores. El Gobierno prevé que en abril de 2010 todos los alumnos de 5º de primaria dispongan ya de su portátil.
El objetivo es la transformación, en los próximos cuatro años, de las clases tradicionales de 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de Secundaria en aulas digitales, dotadas con pizarras digitales y conexión inalámbrica a Internet, en las que el profesor dispondrá de un ordenador portátil y en las que cada alumno trabajará con un ordenador personal ultraportátil.
Con este programa, se espera que las nuevas tecnologías se conviertan en una parte fundamental del aprendizaje. El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, afirmó que el plan «no consiste sólo en distribuir ordenadores», sino que está pensado para que los alumnos tengan acceso a nuevos medios y lenguajes de aprendizaje.
El desarrollo de Escuela 2.0 se realizará a través de convenios entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Educación, cuya firma está prevista en las próximas semanas con Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla La-Mancha, Cataluña y el País Vasco. A partir de esa fecha, se rubricarán con las restantes autonomías. En estos acuerdos se especificarán los requisitos técnicos esenciales de los ordenadores portátiles de alumnos y profesores, así como de las aulas.
El presupuesto del programa para este curso escolar 2009-2010 asciende a 200 millones de euros, cofinanciados al 50% entre el Gobierno y las comunidades autónomas.
