Coincidiendo con el lanzamiento de la reforma legislativa que permitirá este tipo de investigación en el ámbito doméstico, el Gobierno español ha reducido sensiblemente sus reticencias a la financiación con fondos de la Unión Europea de proyectos que empleen células madre de origen embrionario, según informaron fuentes diplomáticas y comunitarias.
El Consejo de Ministros de Competitividad celebró el pasado lunes un primer debate informal sobre las propuestas presentadas en junio por la Comisión Europea, que permitirían desbloquear los fondos que la UE reserva para esta área, al tiempo que establecerían reglas estrictas para evitar un uso aberrante de los mismos.
Si España integraba hasta junio el grupo de los países reacios a descongelar los fondos, en esta ocasión adoptó, según las fuentes citadas, «un perfil ambiguo». El ministro de Industria, Juan Costa, se limitó a subrayar que España está tramitando una ley en la materia dentro de su ordenamiento interno y a pedir al comisario europeo de Investigación, Philippe Busquin, que precisase sus planes.
El Pleno del Congreso español debate precisamente hoy la totalidad del proyecto de ley que reforma la Ley sobre Técnicas de Reproducción Asistida de 1988. Esta reforma, impulsada por el Ejecutivo, abre la puerta a la investigación con este tipo de material biológico.
El giro de Gobierno se relaciona en medios diplomáticos con el proyecto de la ministra de Sanidad, Ana Pastor, de modificar la ley de reproducción asistida, de forma que se permita la investigación con células madre en el territorio nacional , aunque ceñida a unos límites similares a los propugnados por Bruselas.
Mientras, el resto del Consejo de la UE , mantuvo su división interna. Alemania, Austria e Italia permanecieron en su posición y juzgaron los planes de Busquin como demasiado permisivos, mientras que Reino Unido, Suecia o Países Bajos las vieron como un corsé excesivamente estrecho.
Entre otras cosas, Bruselas aboga por permitir sólo el uso de células madre humanas que procedan de embriones sobrantes de fecundaciones in vitro, y siempre que sean anteriores al 27 de junio de 2002. Se eliminaría así el riesgo de financiar la producción «ad hoc» de embriones.
Además, la UE sólo apoyaría la investigación con células madre cuando no existan alternativas -como el uso de células adultas- y siempre que se cuente con el consentimiento expreso y gratuito de los donantes.
