El curso está a punto de comenzar en los niveles obligatorios y Bachillerato sin apenas novedades, ya que se prepara la modificación de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) y se ha aplazado la aplicación de varios de sus preceptos, lo que ha originado controversias políticas y educativas.
Como ya ocurrió con la LOCE, aprobada en 2002, las discrepancias continúan entre los partidarios de la escuela pública y la privada concertada, los que desean que la Religión salga de los colegios y los que la quieren como asignatura evaluable, quienes están a favor de la reválida del Bachillerato y aquellos que quieren una sola prueba de acceso a la Universidad.
La ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San Segundo, que también anunció una reforma universitaria, ha pedido por carta a los consejeros autonómicos que le envíen antes del 8 de septiembre comentarios y sugerencias sobre quince cuestiones de reflexión. El Ministerio presentará este mismo mes a las comunidades y al Consejo Escolar del Estado, máximo órgano consultivo de la enseñanza no universitaria, un documento de debate.
Opinión de los padres
La presidenta de la Confederación Estatal de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), Lola Abelló, insistió en impulsar una escuela pública completamente laica, en la que se forme a los alumnos en valores democráticos y de convivencia para prevenir actitudes individualistas y violentas.
Por su parte, el presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA), Luis Carbonel, censuró que el Consejo Escolar del Estado «no brille por su composición democrática», y advirtió del peligro de «más recorte» en la libertad de educación.
El Consejo instó al Gobierno el 23 de julio, con el voto de calidad de la presidenta, Marta Mata, a que la enseñanza de las distintas confesiones religiosas quede fuera del currículum escolar, según propuesta del sindicato STES. «Tememos que el curso comience sin ningún tipo de consenso, pues Educación ha comenzado a actuar unilateralmente», dijo Carbonel, quien considera además una «insensatez» suprimir la reválida, una prueba «objetiva» y la «única forma de poder homologar estos estudios en Europa». En cuanto a los itinerarios, cree de «sentido común» que los alumnos elijan cuanto antes aquellas asignaturas para las que estén más capacitados.
La presidenta de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Isabel Bazo, confía en que el Gobierno sea lo «suficientemente inteligente» como para respetar completamente la libertad de enseñanza. Cree que el Ejecutivo debería haber esperado a comprobar los resultados de la LOCE antes de cambiarla, y añade, como criterio personal, que «la reforma tal vez no sea tanto de fondo como de forma». También considera necesaria la reválida y la supresión de la selectividad si la demanda no supera a las plazas de una facultad.
Por último, el secretario general de la Federación de Religiosos de la Enseñanza (FERE), Manuel de Castro, juzga «escasísimos» los plazos dados para el debate, elaboración y trámite parlamentario de la reforma con un consenso suficiente.
