Las universidades españolas no analizarán la posibilidad de aumentar las tasas para mejorar su sistema de financiación, al menos, hasta 2013. El secretario general de Universidades, Màrius Rubiralta, indicó, además, que esta subida no se decidirá antes de alcanzar un nivel de becas salario y de ayudas «suficientemente elevado» como para permitir que cualquier persona, «con independencia de su situación social y económica», pueda acceder con dedicación completa al estudio universitario.
Rubiralta recalcó que la «hoja de ruta» para mejorar el sistema de financiación de las universidades se plasmó ya en el documento aprobado por todo el sistema universitario español el pasado 26 de abril. Ese documento recoge que el análisis de las tasas no correspondería al menos hasta el curso 2012-2013, apuntó. Antes hay que desarrollar «todo un sistema social» ligado a las becas salario y el acompañamiento de becas y ayudas, precisó.
«No vamos a tratar el tema de las tasas sin que hayamos hecho los pasos previos, que son los que tocan ahora», afirmó el secretario general de Universidades. «Hasta 2013, cuando tengamos desarrollados los dos puntos anteriores, no se va a abordar el tema», aseguró. Es más, si se retrasan los pasos previos, Rubiralta indicó que se retrasaría también el análisis de este asunto. La revisión del sistema de precios públicos «se ha de analizar», pero antes se debe consolidar un sistema social «potente» y cumplir el reto de aumentar la inversión en acción social en la universidad, que en este momento está cerca del 0,1% y el objetivo es llegar al 0,2%, señaló.
El secretario general de Universidades citó, entre los pasos previos que se deben cumplir antes de pasar al debate de las tasas, la creación del Observatorio de becas, ayudas y rendimiento académico, un organismo aprobado ya por el Consejo de Ministros que se constituirá la próxima semana. Es un órgano de análisis de la política social en este campo con participación de las universidades, las comunidades autónomas, los agentes sociales y económicos, los consejos sociales y los estudiantes.
Este nuevo observatorio tendrá, entre otras responsabilidades, la misión de analizar la política de becas y ayudas del Gobierno para ver «cuál es la eficiencia y eficacia» de los 1.000 millones de euros que se destinan a becas y ayudas de formación y movilidad, y «cuál es el rendimiento académico y social de esta inversión», explicó Rubiralta.