La Asamblea General de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ha pedido que se cambie el sistema de habilitación nacional de los profesores universitarios para mejorar su funcionamiento, ya que es «altamente costoso e ineficiente» para elegir a los docentes adecuados. Ante la creciente inquietud y preocupación entre la comunidad universitaria por el funcionamiento del procedimiento, la CRUE cree que ha llegado el «momento para proceder a un análisis para detectar sus deficiencias y señalar algunas posibles medidas para corregirlas».
Por su parte, el secretario de Estado de Educación y Universidades, Julio Iglesias de Ussel, considera que no es necesaria modificación alguna porque, en su opinión, los resultados dicen que el sistema funciona correctamente.
Durante la última asamblea de la CRUE se analizó el «Informe sobre las disfunciones detectadas en el sistema de habilitación nacional y su posible mejora», que recoge «las principales deficiencias» de este procedimiento y «expone los cambios que deberían realizarse para su perfeccionamiento».
El sistema de habilitación nacional es uno de los procedimientos incluidos en la Ley Orgánica de Universidades (LOU) para combatir la endogamia en la selección de los docentes universitarios. Este sistema determina que los aspirantes a profesores funcionarios deben seguir un procedimiento que incluye pruebas ante un tribunal formado por siete profesores elegidos por sorteo dentro del área de conocimiento -o afín- a la plaza convocada.
Expectativas defraudadas
El procedimiento ha cumplido ya un ciclo de funcionamiento desde que, en septiembre de 2002, las universidades comunicaron sus vacantes por primera vez al Consejo de Coordinación Universitaria, pero la CRUE considera que, en este periodo de vigencia del modelo, «el sistema de habilitación no ha logrado ponerse en marcha con el ritmo deseable». Los rectorados son muy prudentes en este proceso y «van comunicando sus plazas vacantes, en un número claramente inferior al de las vacantes realmente producidas por las jubilaciones, las renuncias o el crecimiento de las universidades españolas».
La asamblea de rectores cree que las expectativas suscitadas por la nueva legislación han sido defraudadas por «la deficiente regulación de las pruebas», que «genera inseguridad jurídica». Además, entiende que «la presencia de especialidades muy distintas dentro de una misma área de conocimiento puede imposibilitar en ciertos casos la selección de profesores adecuados por parte de las universidades».
Los centros universitarios indican, asimismo, que el sistema «resulta altamente costoso e ineficiente» y «totalmente desproporcionado» respecto del resultado a obtener. Como ejemplo, el informe de la CRUE indica que «en diversas áreas, más de un centenar de candidatos compiten por media docena de plazas convocadas en tres momentos distintos del año, a razón de dos o tres por convocatoria». Esto significa que las mismas personas deben desplazarse por todo el país para participar en las pruebas una y otra vez. Las sucesivas convocatorias implican que 21 profesores (siete por comisión) son nombrados para juzgar a los mismos candidatos. Y ante esta situación, «la Administración no cubre en su totalidad el coste del nuevo sistema de habilitación nacional, que recae sobre las universidades, sin que éstas hayan sido dotadas adecuadamente».
Entre las propuestas de la CRUE para reconducir esta situación, destaca la de que el Consejo de Coordinación Universitaria cubra el coste total, se ponga en marcha cuanto antes una convocatoria de habilitación amplia en todas las áreas de conocimiento y se agrupen todas las plazas comunicadas a lo largo del año en una sola convocatoria. Los rectores proponen además garantizar la rotación de los vocales en las comisiones, precisar el contenido que deben tener los proyectos docentes, y arbitrar un sistema que permita asegurar que las plazas se cubren por personas de la especialidad.
