¿Cómo acabar con los excrementos caninos abandonados en la calle? Algunas ciudades de España quieren multar a quienes no recogen las deposiciones de sus perros con ayuda de un registro de ADN canino. Pero muchos veterinarios advierten de que esta medida no solo es cara, sino que puede implicar algunos riesgos. En este artículo se explica qué es el censo de ADN canino y los peligros que su implantación implica.
ADN para multar a quien no recoge las heces caninas
¿Qué hacer para que los excrementos caninos no se dejen abandonados en la calle? Algunos ayuntamientos han decidido obligar a identificar a los perros a través del ADN, crear un censo con todos los datos y utilizarlo en el momento de encontrar una deposición canina no recogida. ¿El resultado? La medida quiere poder multar a los ciudadanos que abandonan los excrementos de sus animales de compañía.
La identificación de los perros a través del ADN, no obstante, implica la creación de una base de datos bajo el pretexto del bienestar animal, la protección animal o la sanción por el descuido con las deposiciones. Sin embargo, esta base de datos con los marcadores genéticos de los canes puede colisionar con otras bases de datos de animales, como los censos autonómicos electrónicos creados con la información contenida en el microchip de los perros.
El tema, no obstante, plantea algunas preguntas. ¿Qué ocurre cuando alguien no está de acuerdo con la sanción impuesta? En este caso, en principio, la persona debería recurrir la multa en el ayuntamiento.
Pero hay más cuestiones. ¿Puede un ayuntamiento crear esta base de datos? ¿Y es posible que la base de datos de ADN canino perjudique los progresos obtenidos con los censos de animales de compañía autonómicos creados gracias a los microchip?
¿Es necesario identificar el ADN canino?
Muchos veterinarios ya han expuesto sus reticencias al censo de ADN canino. El Colegio de Veterinarios de Madrid ha dicho que «no considera conveniente ni necesario este sistema de identificación canina a través del ADN» ya que, en su opinión, podría malograr los éxitos alcanzados con el sistema vigente de identificación animal de las comunidades autónomas.
«La identificación de los perros por la huella genética, con marcadores moleculares de ADN, no ayuda a localizar a los animales extraviados ni previene el abandono», dicen estos veterinarios. Y no solo eso: los precios de obtención de las muestras biológicas elevarían los costes de las personas que viven con perros en los municipios que pusieran en marcha el censo. El motivo es que la identificación del perro por ADN es mucho más compleja desde el punto de vista técnico y, por ello, tiene un importe para el ciudadano mucho más elevado. Además, el censo canino a través del ADN necesitaría contar con la colaboración de los veterinarios del municipio, hecho no garantizado.
Otros problemas de la identificación canina con ADN
Hay otros inconvenientes de la identificación canina con ADN, entre ellos, los que se exponen a continuación.
- La identificación por la huella genética, mediante la determinación de unos marcadores moleculares de ADN, solo podría en su caso ser complementaria de la identificación electrónica.
- El censo de ADN canino no aporta ninguna ventaja en la gestión de animales extraviados.
- El sistema actual de identificación mediante microchip ha generado claros beneficios para los animales de compañía y quienes viven con ellos.
- El abandono, gracias al actual sistema de identificación (microchip y registro), se ha reducido de forma importante.
- La puesta en marcha de una iniciativa municipal de un censo canino a través del ADN, además de tener un soporte normativo en la ordenanza municipal correspondiente, debería contar con la colaboración de los veterinarios de dicho municipio, hecho no garantizado.
- Cualquier normativa municipal aislada conduciría al registro de los animales de compañía en otras localidades, con el consiguiente riesgo de inexactitud de los registros y marcadas carencias.
- Además, sería necesario crear una nueva base de datos de animales de compañía registrados en cada municipio; las bases de datos oficiales en la actualidad son propiedad de las distintas comunidades autónomas.
