El último informe de WWF/Adena sobre el impacto del uso ilegal de veneno en la fauna española revela que 20.000 aves rapaces de las cinco especies más amenazadas en nuestro país han muerto envenenadas en los últimos 15 años. Dos cigüeñas negras en el Alto Aragón, 60 buitres leonados en Burgos, otras 20 aves rapaces en Zamora… Estos son sólo algunos de los casos de muerte por envenenamiento que el mes pasado se produjeron en España.
Según la organización ecologista, esta práctica es la mayor amenaza para un amplio grupo de rapaces que habitan en la Península, entre las que destacan el buitre negro, el águila imperial, el quebrantahuesos, el alimoche y el milano real. Pero también afecta a los animales domésticos, principalmente a perros.
Cebos envenenados
El veneno sigue ligado principalmente a la gestión de la caza menor. Así, se utiliza en teoría contra zorros y otros carnívoros a los que se considera «competidores» por las mismas presas. Pero en realidad se ha demostrado que, lejos de ser un método de control de predadores, el uso de cebos envenenados «es una fórmula de eliminación indiscriminada y masiva de fauna», denuncia WWF/Adena.
Según el informe «El veneno en España», entre 1990 y 2003 la organización conservacionista ha recopilado más de 3.000 episodios de envenenamiento que afectaron a 7.261 ejemplares de fauna en toda España. Por regiones, Andalucía es la autonomía más perjudicada (1.070), seguida por Castilla y León (573) y Castilla-La Mancha (496). Estas cifras corresponden a cadáveres reales que se han encontrado, matiza Luis Suárez, responsable del Programa de Especies de Adena, «pero es una mínima parte de lo que realmente se está produciendo».
WWF/Adena hace un llamamiento a los ciudadanos para que actúen y pidan a la Consejería de Medio Ambiente de su comunidad que apruebe un plan regional contra el veneno
No obstante, WWF/Adena reconoce que tanto en la comunidad andaluza como en la manchega se han tomado medidas para paliar el problema. En este sentido, cita el cierre de cotos para favorecer la recuperación del medio afectado por el veneno, así como la creación de patrullas de perros que detectan cebos emponzoñados.
En cualquier caso, el número de casos no se ha reducido en los últimos años. WWF/Adena sostiene que esta falta de resultados se debe a que las administraciones «han asumido la gravedad del problema y, por lo tanto, no existe voluntad política para solucionarlo». Esto se traduce, dice, en una «ausencia de vigilancia especializada» y en la escasez de sanciones, tanto penales como administrativas, que «favorecen la impunidad» de los infractores.
De hecho, hay veces que el veneno no va ligado a la actividad cinegética. Concretamente, los responsables de la organización ecologista criticaron la reciente autorización de la Junta de Castilla y León al uso de un veneno para tratar de atajar una plaga de topillos campesinos en Palencia. Advirtieron de que el veneno utilizado ha afectado a liebres y a palomas domésticas, y del riesgo por lo tanto de que llegue al consumo y se convierta en un problema de salud pública, algo que la organización ecologista ya ha denunciado judicialmente. Esta situación, según Adena, contrasta con la prohibición del uso de cebos envenenados que existe en España desde 1983.
«Ciberacción»
En opinión de los ecologistas es urgente la aprobación de planes regionales contra el veneno. En este sentido, WWF/Adena ha lanzado una «ciberacción» a través de la cual todos los ciudadanos pueden implicarse pidiendo estos planes a los consejeros de Medio Ambiente de las autonomías más afectadas y que todavía carecen de ellos.
