Los parques nacionales de Doñana y Sierra Nevada pasarán a ser gestionados a partir del 1 de julio por la Junta de Andalucía, que se convertirá así en la primera administración autonómica a la que se traspasa esta competencia. Con esta decisión se pone fin a un litigio competencial histórico que comenzó hace más de una década.
El Palacio de las Marismillas de Doñana fue el escenario en el que la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Andalucía, encabezada por el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y el consejero andaluz de la Presidencia, Gaspar Zarrías, aprobó el traspaso. Andalucía completa de esta forma la integración en su autogobierno de la totalidad del patrimonio natural en lo que a territorio se refiere y así, el próximo 1 de julio, «el 20% del territorio andaluz estará bajo alguna fórmula de protección ambiental», según Zarrías.
Este primer traspaso de la gestión de los parques nacionales a una comunidad autónoma, en cumplimiento de la sentencia 190/04 del Tribunal Constitucional (TC), permitirá que la «magnífica red» de parques nacionales existente en España tenga una gestión «aún mejor» al realizarse desde la «colaboración, la cooperación y la lealtad institucional», afirmó el ministro Sevilla en rueda de prensa.
Por medio de este traspaso, la Junta controlará 140.462 hectáreas de ambos parques, mientras que el Estado se reserva la titularidad del Palacio de las Marismillas en Doñana y de la Dehesa de San Juan en Sierra Nevada. El acuerdo afecta al conjunto de medios personales, económicos y materiales así como de instalaciones, edificios y vehículos adscritos al Organismo Autónomo Parques Nacionales mediante los cuales se gestionan ambos parques. El coste de esta gestión rondará los 16 millones de euros y las inversiones que se transfieren son de 5 millones de euros en Doñana y 3,2 millones de euros en Sierra Nevada.
Para adecuar la Red de Parques Nacionales a esta sentencia y reforzar la coordinación y cooperación entre administraciones, el Ministerio de Medio Ambiente prepara una ley que establecerá un nuevo régimen jurídico para estos espacios protegidos. Además, el Ministerio elaborará el Plan Director de la Red de Parques Nacionales siguiendo un procedimiento participativo y abierto que garantice la plena participación de las comunidades autónomas y que será sometido a información pública.
