El Ministerio de Industria dio a conocer ayer la multa impuesta a la central nuclear tarraconense de Ascó I por la fuga radiactiva ocurrida a finales de 2007. El departamento que dirige Miguel Sebastián anunció que la planta deberá pagar 15,4 millones de euros. Aunque la cifra está lejos de los 22,5 millones propuestos originalmente, se trata de la sanción económica más alta impuesta hasta la fecha a una central nuclear española. Hasta ahora, el récord lo ostentaba Vandellós II, también en Tarragona, con 1,6 millones de euros. La penalización máxima prevista por la ley para incidentes nucleares es de 30 millones.
Los ecologistas consideran «insuficiente» la multa
En un comunicado, Industria desglosó los diferentes conceptos de la sanción. El más cuantioso, 7,5 millones de euros, se debe a la «emisión radiactiva con potencial de superación del límite anual de dosis para miembros del público en el interior del doble vallado de la central», calificada como infracción grave «en grado máximo». Se penaliza además con sendos importes de tres millones de euros el no haber establecido un control de contaminación externa una vez descubierta la del interior del emplazamiento, y no haber facilitado a la inspección residente «información pronta y veraz». Junto a estas, hay otras tres sanciones, una grave en grado medio y dos leves.
Para Carlos Bravo, responsable de la campaña antinuclear de Greenpeace, se trata de una multa «ridícula, comparada con el beneficio económico obtenido por la central durante los meses que estuvo en funcionamiento antes de comunicar la fuga», y que «no disuade a la empresa ni obliga a cambiar su cultura de seguridad ni su política de ocultación de datos».
Bravo critica además que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) no haya comunicado nunca, «aunque lo sabe», la cantidad total de radiactividad emitida, «mucho mayor de lo que se dijo oficialmente».
Igualmente, Ecologistas en Acción considera la multa «insuficiente». Según el portavoz de la agrupación, Javier González, «15 millones de euros es lo que factura Ascó en sólo 15 días».
Se registraron «fallos significativos en el control y el suministro de información» por parte del titular de la planta
Por su parte, el gerente de la Asociación de Municipios Afectados por Centrales Nucleares (AMAC), Mariano Vila D’Abadal, exigió al titular de la central que «acate la sanción y pague» la cuantía impuesta.
Riesgo remoto
En agosto, el CSN propuso multar a Ascó I con 22,5 millones de euros porque, «aunque no existió daño a la población ni al medio ambiente» y la estimación del riesgo era «remota», se registraron «fallos significativos en el control y el suministro de información» por parte del titular de la planta, Endesa.
El incidente se comunicó al Consejo en abril de 2008, con cinco meses de demora. En noviembre de 2007, una cantidad de agua y lodos contaminados acabaron indebidamente en la piscina del combustible gastado, una de las zonas de mayor intensidad radiactiva de la central, y después en el sistema de ventilación, que las dispersó por buena parte del perímetro de la planta.
El caso de la fuga radiactiva provocó las destituciones del director de la central, Rafael Gasca, y del jefe de protección radiológica, F. G. T., por ocultar información.
Durante los meses siguientes al escape, los servicios sanitarios del Gobierno central practicaron más de 2.000 evaluaciones médicas a trabajadores y personas vinculadas a la central, incluidos decenas de escolares que habían visitado las instalaciones después del 28 de noviembre, día que se produjo la fuga.
Precisamente, 44 alumnos del Colegio Maristas de Girona visitaron la central nuclear, acompañados de tres profesores, el 4 de abril, el mismo día que se conoció el escape de partículas radiactivas.
