El Ejecutivo comunitario ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) por no aplicar correctamente la norma comunitaria que obliga a reducir de forma significativa el consumo de energía de los edificios. La legislación española indica que el método para calcular el ahorro energético de los edificios y los requisitos de entrega de un certificado de eficiencia energética se aplican no a todos los tipos de edificios, como defiende la Comisión Europea (CE), sino únicamente a los edificios nuevos y a los que sufran una renovación importante.
«Se trata de un aspecto fundamental del derecho europeo, ya que el certificado de eficiencia energética previsto ofrece una visión clara de la calidad de la construcción desde el punto de vista del ahorro de energía y los costes asociados», ha dicho el Ejecutivo comunitario en un comunicado. Bruselas cree que se trata de «una herramienta importante a efectos de la capacidad de negociación al comprar bienes inmuebles o celebrar acuerdos de alquiler». «Algunas encuestas indican que los compradores pueden estar dispuestos a pagar más por edificios eficientes», asegura.
Además, la CE considera que España aún no ha puesto en marcha las medidas necesarias para establecer un régimen de inspección periódica de las calderas. Unas calderas que no funcionen correctamente pueden representar una parte importante de los costes de calefacción, según Bruselas.
El Ejecutivo comunitario solicitó a España en noviembre de 2010, mediante un dictamen motivado, que cumpliera íntegramente los requisitos de la Unión Europea (UE). Aunque las autoridades españolas han notificado las disposiciones para ajustar su legislación a las normas europeas, Bruselas cree que no se ha dado aún pleno cumplimiento a esta normativa.
Los edificios son responsables de alrededor del 40% del consumo de energía y del 36% de las emisiones de CO2 en la UE. La legislación europea persigue conseguir una reducción significativa del consumo de energía de los edificios y consolidar la seguridad energética de la UE. Además, ello permite a los hogares reducir sus facturas. Según la directiva, los Estados miembros deben fijar un método para calcular la eficiencia energética de todos los tipos de edificios y normas mínimas de eficiencia energética para los edificios nuevos y los grandes edificios existentes que sean objeto de una renovación importante. Los Estados miembros también han de garantizar la certificación de la eficiencia energética de los edificios y llevar a cabo el control periódico de las calderas y de los sistemas de aire acondicionado.
