La Comisión Europea ha dado luz verde a unas medidas para tratar de evitar que entre en la Unión Europea madera procedente de la tala clandestina realizada en los países en vías de desarrollo. La iniciativa pretende terminar con esta práctica ilegal que permite a estos países embolsarse unas ganancias anuales que van de 10.000 a 15.000 millones de euros.
Todas las reglas que han aprobado, denominadas «FLEGT», no dispondrán de un paquete financiero específico. En principio, Bruselas ha acordado invertir 30 millones de euros disponibles en otros programas.
Entre las medidas que han concretado, establecen la promoción de acuerdos voluntarios con los países productores de madera gravemente afectados por estas prácticas para reformar la gestión de sus sectores madereros afectados por la corrupción. Asimismo, pondrán en marcha un plan de licencias con estos países para garantizar que la única madera importada de ellos a la UE sea la obtenida legalmente.
«Trabajar en estrecha colaboración con los países productores de madera es la única esperanza para conseguir un impacto real», tal y como ha declarado el comisario europeo de Desarrollo y Ayuda Humanitaria, Poul Nelson.
Reacciones de ecologistas
Tras el anuncio de estas medidas, varias agrupaciones ecologistas han mostrado su desacuerdo. Concretamente las han calificado de «insuficientes» para acabar con el problema que tanto afecta al medio ambiente. Greenpeace señaló que sólo son «medidas voluntarias con un puñado de países productores».
El portavoz de Greenpeace Europa, Sebastián Risso, ha criticado que el FLEGT «ignora» la petición que los Estados miembros y el Parlamento Europeo realizaron al Ejecutivo comunitario de «decidir antes de mediados de 2004 medidas legislativas restrictivas que permitan combatir el comercio ilegal de madera y rellenar el vacío legal».
En la misma línea, el portavoz de World Wide Fund (WWF), Louis Bélanger, ha señalado que aunque consideran positivos los «continuos esfuerzos que la Comisión ha realizado», creen que Bruselas no ha escuchado «la petición de seis Estados miembros de convertir en delito la importación de la tala ilegal».
Por su parte Nelson ha declarado que lo importante es la cooperación con los países productores, ya que sin ella «las autoridades aduaneras europeas no tendrán medios para verificar la legalidad de la madera».
