Ecologistas en Acción ha presentado un informe en el que denuncia el sistemático incumplimiento de la Ley de Costas por parte de las comunidades autónomas. En este sentido, alerta de que la privatización del dominio público marítimo terrestre y la destrucción de los ecosistemas litorales son prácticas cada vez más frecuentes.
«El informe demuestra que las administraciones autonómicas y locales, con el consentimiento en ocasiones de la Dirección General de Costas, están privatizando el dominio público marítimo terrestre, no solo por la indebida ocupación o invasión de esta zona, si no por la recalificación de las zonas de servidumbre», asegura la organización. «Ello -añade- está provocando el incumplimiento de las zonas de tránsito e impidiendo cada vez mas el acceso al mar, encontrándose dichas zona cerradas o modificadas en la mayor parte de los casos por complejos turísticos».
Pone el ejemplo del Hotel Barceló, situado en Cala Vinyes, en Baleares. «Con sus reformas invade el dominio público marítimo terrestre, en un claro intento de privatizar la zona de la playa», afirma.
El Plan de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA) es otro intento de privatización del litoral, según los ecologistas. «Al mismo tiempo que protege los primeros 500 metros de las edificaciones, permite en esa misma franja la instalación de campos de golf, actuando de ‘efecto llamada’ de las promotoras urbanísticas para instalar en los metros contiguos todo el modelo residencial, hotelero y de servicios», explican.
Servidumbre de transición y protección
El informe denuncia además que se está produciendo una ocupación constante de la servidumbre de transición y protección, debido a la construcción de macro-infraestructuras como complejos turísticos o residenciales, en numerosas ocasiones acompañados por campos de golf. «Esta práctica de incivismo por parte de las administraciones se observa a lo largo de todo el litoral español, debiéndose destacar el descarado proyecto de construcción de dos torres de 21 plantas a pie de mar en el Rincón de Loix (Benidorm), a tan sólo 60 centímetros de la línea de costa, y que cuenta con el visto bueno de la Generalitat Valenciana».
Otro grave problema de nuestras costas es que los 20 primeros metros de la zona de servidumbre de protección están catalogados como espacios de especial protección, donde las construcciones pueden ser de una altura máxima de un metro. Sin embargo, la realidad es que se construyen instalaciones de más de 30 metros. «La franja levantina es el lugar donde el problema del efecto pantalla que plantea la Ley de Costas se reproduce en mayor número. Siendo la zona de Benidorm y la Manga del Mar Menor sus máximos representantes», indica la organización ecologista.
Este modelo se ha exportado a lugares donde no estaba prácticamente representado, como la Playa de la Casería, en San Fernando (Cádiz), donde se han instalado siete torres de 16 plantas de altura a escasos metros del mar y en terrenos colindantes al Parque Natural de la Bahía de Cádiz, ejerciendo un efecto pantalla sobre toda la zona.
Todo ello pone de manifiesto la «nula voluntad» de la mayoría de las comunidades de garantizar el cumplimiento de la Ley de Costas y asegurar la conservación de los ecosistemas litorales. Por eso, Ecologistas en Acción solicita al Ministerio de Medio Ambiente medidas que permitan solucionar estos problemas. A su juicio, es especialmente importante que se establezcan mecanismos de coordinación y cooperación entre las distintas administraciones competentes para garantizar una adecuada gestión del litoral.
