La Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados dio ayer luz verde al proyecto de Ley de Responsabilidad Ambiental, que se basa en el principio de «quien contamina paga». Como esta comisión cuenta con competencia legislativa plena, el texto no deberá ser debatido ni votado por el pleno de la Cámara antes de su tramitación en el Senado.
Esta normativa obliga a quienes hayan provocado daños al medio ambiente, de forma intencionada o no, a repararlos, es decir, a devolver los recursos naturales al estado original en que se encontraban antes de la agresión.
Los responsables del daño no podrán sustituirlo por compensaciones económicas, y además tanto las acciones de prevención como las destinadas a cubrir los perjuicios ocasionados se deberán ejecutar de forma inmediata.
Al objeto de que las empresas dispongan de recursos económicos para hacer frente a su responsabilidad, la nueva ley les exige una garantía financiera (un seguro o un aval bancario) que se irá introduciendo de forma gradual a partir del año 2010.
Se prevé además la creación de un Fondo Estatal para reparar los daños ambientales que se puedan producir en el dominio público estatal cuando no se pueda aplicar la nueva legislación.
Ley de Calidad del Aire
El Congreso aprobó también una enmienda a la Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, por la cual el impuesto de matriculación subirá para los vehículos que emitan mayores cantidades de dióxido de carbono (CO2).
Para la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto) resulta «contradictorio» que el Gobierno decida incentivar fiscalmente a los vehículos menos contaminantes y plantear, al mismo tiempo, la supresión del Plan Prever a partir de 2008.
«El Ejecutivo obvia el efecto de rejuvenecimiento que el Plan Prever está ejerciendo sobre el parque español, contribuyendo a reducir la siniestralidad y la contaminación, así como el abandono de coches viejos de manera anárquica, generando basura y contaminación», señala Faconauto en una nota remitida CONSUMER EROSKI.
La patronal de concesionarios advierte de que con la supresión de este programa en 2008 se frenará el rejuvenecimiento del parque automovilístico español en una media de casi un año hasta 2011, con el consiguiente incremento de las emisiones contaminantes y la siniestralidad.
«La antigüedad del parque automovilístico es todavía excesiva ya que España es el país europeo con mayor porcentaje de vehículos con más de diez años. No debemos olvidar que cien coches de ahora contaminan igual que un solo coche del año 1980, por lo que hay que priorizar la retirada de los vehículos viejos antes que penalizar la compra de modelos actuales que, gracias a mecánicas más eficientes, contaminan mucho menos que aquéllos», explica Antonio Romero-Haupold, presidente de Faconauto.
Por su parte, Ecologistas en Acción ve positivo penalizar fiscalmente a los vehículos más «sucios». No obstante, considera insuficientes las medidas recogidas en la Ley de Calidad del Aire.
«El transporte es el sector que más ha incrementado sus emisiones (un 84,8% en el periodo 1990-2005, según el Ministerio de Medio Ambiente) y las debidas a los coches son cuantitativamente la parte más importante de estas emisiones», señalan los ecologistas.
Recuerdan que en estos momentos hay en el mercado todoterrenos -como el Porsche Cayenne Turbo 500, el Volkswagen Touareg 6.0, el Jeep Grand Cherokee 4.7 LTD o el Mercedes-Benz G-500- que triplican el límite de emisiones que ha propuesto la Unión Europea (130 g de CO2 por kilómetro).
