El control medioambiental de la industria química: proyecto REACH

Cada día dependemos más en nuestra vida cotidiana de los productos derivados de la industria química, no hay más que pensar en la cantidad de plásticos de los que estamos rodeados. Según datos de la Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE), el sector químico proporciona sólo en Europa más de 6 millones de empleos y genera el 75% del superávit de la balanza comercial de la UE. Por su parte, en España, existen 3.700 empresas que generan el 10% del PIB y más de 500.000 empleos, y situará su valor de producción por encima de los 34.300 millones de euros en 2004.

En opinión de algunos expertos, la producción de productos químicos peligrosos ha aumentado durante la última década, si bien es muy complicado en general demostrar el efecto real que dichas sustancias están produciendo sobre el medio ambiente y la salud humana. Por si esto fuera poco, las sustancias químicas pueden estar presentes de manera simultánea en el medioambiente, produciéndose exposiciones múltiples y a lo largo de la vida de la persona que pueden provocar efectos aún peores. Asimismo, el control que se realiza sobre estos productos es en ocasiones insuficiente: sólo un 3% de las sustancias químicas producidas de manera masiva (más de 1.000 toneladas por año) han sido evaluadas totalmente, mientras se desconocen los problemas que pueden causar las restantes 75.000 sustancias producidas en menores cantidades en el mercado europeo.

Un informe publicado recientemente por la organización conservacionista WWF/Adena muestra el impacto que un amplio grupo de productos químicos de uso común está teniendo para los consumidores y el medio ambiente. El citado informe cita como nuevos tóxicos peligrosos a compuestos utilizados en la producción textil, envasado de alimentos, productos electrónicos y revestimientos antiadherentes como el teflón, entre otros, y que podrían provocar enfermedades como el cáncer, dañar el sistema inmune, ocasionar problemas de conducta, alteraciones hormonales o incluso cambios de sexo en algunas especies animales.

Asimismo, el lugar habitual de trabajo es uno de los ámbitos donde más se hacen notar los efectos de los productos químicos. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera que en todo el mundo se producen al año más de 440.000 muertes relacionadas con las sustancias químicas en los lugares de trabajo. Por su parte, un estudio encargado por la Comisión Europea sobre la salud laboral calculaba que las sustancias químicas causan alrededor de 32.500 muertes por cáncer al año. Por tanto, una de las misiones más importantes y difíciles de los responsables institucionales europeos es la de velar equitativamente por la salud y seguridad de los ciudadanos, sin descuidar los intereses económicos de los empresarios del sector.

Para tal efecto, se presentaba en octubre de 2003 el proyecto REACH, que corresponde a las siglas en inglés de Registro, Evaluación y Autorización de Productos Químicos. La propuesta se encuentra en estos momentos a debate en el Consejo y en el Parlamento Europeo, donde se espera que el proceso legislativo dure dos años. Dicho proyecto, que sustituirá a más de 40 directivas y reglamentos actuales, aplicará las propuestas que figuran en el Libro Blanco de la Comisión, de febrero de 2002, titulado “Estrategia para la futura política en materia de sustancias y preparados químicos”.

El sistema REACH, como se concibe en la actualidad, establece la obligación de que las empresas que produzcan, importen o utilicen sustancias y preparados químicos, evalúen los riesgos derivados de su utilización, exigiendo que proporcionen nuevos datos de ensayo en los casos en que esté justificado, y tomen las medidas necesarias para afrontar los riesgos que se detecten. De este modo, la carga de la prueba para la comercialización de sustancias y preparados químicos seguros pasará de las autoridades públicas a la industria.

Los resultados de los ensayos deberán hacerse públicos con el fin de reducir toda posibilidad de que se realicen ensayos con animales. El registro de la información relativa a las propiedades, usos y utilización segura de sustancias químicas formará parte del nuevo sistema. Los representantes europeos prevén que alrededor de un 80% del total de sustancias deberán ser objeto de registro, mientras que el resto deberán someterse a evaluaciones de seguridad a la posterior autorización.

Los plazos más cortos para el registro se aplicarán a volúmenes muy altos de sustancias (por encima de las 1.000 toneladas), y a agentes cancerígenos, mutágenos o tóxicos para el sistema reproductor, las sustancias muy persistentes y muy bioacumulables (VPVB), (por encima de la tonelada). Estos preparados deberán registrarse en los tres años siguientes a la aprobación de REACH como ley.

En determinados casos, otras sustancias, como las que puedan producir alteraciones endocrinas, también podrán incluirse, considerando individualmente cada caso en el sistema de autorización, en caso de que se demuestre que suscitan el mismo grado de preocupación. Las sustancias con volúmenes de producción entre las 100 y las 1.000 toneladas se registrarán antes de seis años; y las sustancias con volumen de producción bajo (1 – 100 toneladas) gozarán de un plazo de 11 años para su registro.

Otras sustancias y preparados, como los polímeros (sustancias y preparados utilizados como materia prima para la fabricación de plásticos y detergentes, así como una amplia gama de otros productos) y las empleadas como sustancias intermedias para la obtención de otras sustancias químicas o productos estarán sujetas a requisitos de registro más sencillos. En los casos en que exista escaso riesgo de exposición, los polímeros y sustancias intermedias estarán exentos de registro.

Para la administración del sistema se propone la creación de una Oficina de sustancias químicas, cuyo cometido sería el asesoramiento a la Comisión y la orientación los Estados miembros y las empresas, entre ellas las PYME, y se pondrán a disposición pública todos los datos no confidenciales obtenidos a través de REACH. La Comisión concedería las autorizaciones teniendo en cuenta las opiniones de la Oficina respecto al riesgo y los aspectos socioeconómicos. Por otra parte, la instauración de una Agencia Europea de Productos Químicos y los procedimientos de autorización o de restricción favorecería la recuperación de la iniciativa por parte de las autoridades públicas.

Asimismo, con el fin de mantener unos costes reducidos y reducir al máximo la necesidad de realizar ensayos con animales se propone un sistema para que las empresas compartan datos, y se permitirá la realización de proyectos de I+D sin registro durante 5 años, plazo que podrá extenderse a 10 años.

El texto de las propuestas, que contiene unas 1.200 páginas de textos legislativos, puede consultarse en Internet (http://europa.eu.int/comm/enterprise/chemicals/index.htm), y cualquiera que lo desee puede enviar su opinión al respecto.

En teoría, el sistema REACH ayudará a la industria a establecer planes a largo plazo y creará nuevos mercados para productos más seguros y más respetuosos con el medio ambiente, lo que reducirá el riesgo de futuras demandas judiciales por casos de responsabilidad industrial. Un aumento de la confianza de los consumidores, los empleados, las comunidades locales y los inversores llevará a un entorno industrial más positivo y a una más fácil introducción de nuevas sustancias en el mercado, lo que impulsará el desarrollo y la innovación. La nueva regulación mejorará la transparencia y la comunicación a lo largo de la cadena de suministro y llevará a un aumento del poder y la confianza de los usuarios intermedios y de las PYMEs.

Ahora bien, REACH ha generado diversas críticas, tanto por parte de la industria como de diversos grupos sociales. Por una parte, a las organizaciones preocupadas por el medio ambiente y la salud humana les gustaría que REACH incluyese la obligación de eliminar por completo las sustancias químicas que tienen tendencia a acumularse en seres humanos, fauna silvestre, flora o el medio ambiente, y aquéllas que interfieren con nuestros sistemas endocrinos o que pueden causar cáncer, y en caso de que no hubiese más remedio que utilizar dichas sustancias, deberían permitirse únicamente de manera temporal. Asimismo, también demandan toda la información disponible para juzgar los riesgos de las sustancias químicas, y una exigencia de que los productos importados a la UE se ciñan a los mismos estándares de seguridad que los fabricados en la propia Unión.

Por otra parte, los responsables del sector consideran que hacen falta modificaciones y un cambio de perspectiva. Juan José Nava, Vicepresidente y Director General de FEIQUE, sugiere que se establezca un sistema viable basado en la evaluación científica de los riesgos, teniendo claro que el riesgo de un producto no depende de sus propiedades intrínsecas, sino del uso que se le dé, de la exposición y, sobre todo, de la dosis. “Sencillamente, que los objetivos medioambientales, sociales y económicos estén equilibrados en beneficio de todos”, subraya.

Para satisfacer las demandas de la industria europea, la Comisión Europea y Consejo Europeo de la Industria Química (CEFIC) acordaron el lanzamiento, el pasado 9 de julio, de SPORT, siglas en inglés de “Asociación Estratégica para Testar el Sistema REACH”. Básicamente, SPORT evaluará, siguiendo el proyecto REACH, un grupo de 15 sustancias químicas, de manera que pueda comprobarse la operatividad del Reglamento. El objetivo principal es redactar un informe final a mediados del 2005, aunque los resultados se irán publicando según estén disponibles.

En este sentido, los responsables del CEFIC quieren dejar claro que no se oponen al establecimiento de REACH, como se puede comprobar al escuchar las declaraciones de su Director General, Alain Perroy: “Apoyamos los objetivos políticos de REACH y desde el comienzo hemos ido realizando propuestas para asegurarnos de que el sistema no sólo dé lugar a mejoras para la salud y el medio ambiente de manera eficaz, sino que su aplicación sea viable para todos los actores involucrados.”

¿Y cómo podría mejorarse el proyecto, en opinión del sector industrial? Para Nava, el actual proyecto se ha realizado sobre una base legal sin tener en cuenta criterios científicos fundamentales y entraña importantes lagunas y deficiencias que no benefician ni a consumidores ni a industriales, por lo que podría dañar seriamente la competitividad del sector en toda Europa, compuesto mayoritariamente por PYMES (en España superan el 90% del sector).

Para contextualizar con datos su afirmación, Nava utiliza un estudio de la consultora Mercer, que evaluaba que tan sólo en Francia el REACH podría suponer una pérdida anual del 1,6% del PIB, y del 1,5% de la población activa a lo largo de una década. Estos datos trasladados a España supondrían una pérdida anual del PIB cercana a 11.000 millones de euros y la destrucción de 280.000 empleos en los próximos diez años. “Son evidentemente cifras extrapoladas que deben considerarse con precaución, pero sumamente orientativas de la magnitud del problema si no se corrige la propuesta actual”, matiza.

Diversas organizaciones y expertos han criticado los resultados de este tipo de estudios. Un informe del International Chemical Secretariat explicaba cómo los representantes de la industria química escogen generalmente las modalidades más costosas para calcular el impacto económico, sin tener en cuenta las innovaciones industriales que permiten alcanzar los objetivos a un menor coste.

De esta manera, un estudio de la firma privada Arthur D. Little, a iniciativa de la patronal alemana (BDI), anunciaba que REACH supondría la pérdida de entre 150.000 y 2,35 millones puestos de trabajo, y que podría darse una bajada en la creación de riqueza nacional de hasta un 6,4% si se aplicaba el Libro Blanco de 2001 y de otros 1,73 millones por el proyecto REACH de mayo de 2003. Sin embargo, el informe fue considerado “ni técnica ni metodológicamente correcto” por algunos de los mejores economistas alemanes reunidos en la conferencia organizada por la Agencia de Protección del Medio Ambiente alemana (UBA).

En definitiva, los intereses y las presiones de los diferentes sectores involucrados marcarán la letra definitiva de la nueva reglamentación, aunque nadie parece negar que una mejora en el control de los productos químicos redundará en mayores beneficios para todos, a pesar del esfuerzo y los gastos que haya que acometer. Los representantes europeos creen que REACH, además de los considerables beneficios medioambientales, podría evitar más de 4.000 muertes por año, y que si se consiguiera tan sólo una reducción del 0,1% en las enfermedades relacionadas con las sustancias químicas podría ahorrarse hasta 50.000 millones de euros en los próximos 30 años. En un reciente informe a iniciativa de la organización ecologista WWF, dos científicos británicos prevén que REACH supondrá un beneficio para los consumidores europeos de unos 270 billones de euros, teniendo en cuenta incluso los gastos empresariales.

Asimismo, la Comisión Europea ha calculado que, según la propuesta actual, el registro y las pruebas costarán aproximadamente 2.300 millones de euros en los próximos 11 años, incluyendo el precio de establecer una nueva Agencia Química. Esto representa menos del 0,05 % de los beneficios de la industria química, solo el 2,7 % los actuales gastos medioambientales y un 2,4 % del programa de I+D de la industria.