El Gobierno ejercerá presión en los mercados de derechos de emisión de gases de efecto invernadero para evitar que sus precios aumenten. El objetivo es que la factura del Plan Nacional de Asignación para el periodo 2008-2012 no supere las previsiones. El Ejecutivo ha calculado un desembolso de entre 2.200 y 3.000 millones de euros, en función del coste que alcancen estos permisos para contaminar previstos en el Protocolo de Kioto.
«Hay tendencia a que los precios suban pero también hay grandes agentes de mercado, como España, que actuarán para que se mantengan», anunció ayer el secretario general para la Prevención de la Contaminación, Arturo Gonzalo Aizpiri, quien se refería al mercado de unidades asignadas, al que los Estados pueden acudir a comprar y vender en función de sus necesidades.
El Ejecutivo tendrá que acudir a este sistema para cubrir el exceso de emisiones de los sectores difusos, es decir, los excluidos de la directiva europea de aplicación de Kioto (transporte y vivienda, principalmente). Los créditos de carbono, según sus estimaciones, tendrán un precio promedio de entre 5 y 7 euros durante el periodo, con lo que habrá que desembolsar entre 796 y 1.114 millones de euros.
España es uno de los países que se verán obligados a adquirir más créditos, frente a una mayoría de la UE que venderán. El Gobierno pretende utilizar esa posición de poder para evitar que los precios se encarezcan. Y además cuenta con que aún quedan «grandes reservas» nacionales por salir al mercado.
Gonzalo también se mostró muy crítico con los precios del mercado en que las empresas compran los derechos de emisión. Las cuentas del Ejecutivo pasan por una banda de precios de entre 11 y 15 euros, con lo que las compañías tendrían que desembolsar entre 1.432 y 1.953 millones de euros en cinco años.
Reducción del 30%
Por otro lado, Francia y Alemania consideran que la Comisión Europea debe ir más allá de los objetivos de reducción de las emisiones contaminantes fijadas por Kioto, ya que el calentamiento climático se muestra más grave de lo previsto.
En una rueda de prensa conjunta celebrada ayer, los ministros de Medio Ambiente de ambos países, Nelly Olin y Sigmar Gabriel, respectivamente, abogaron por una reducción del 30% de las emisiones actuales de gases causantes del efecto invernadero de aquí a 2020.
El acuerdo de la ciudad nipona establece para el conjunto de la UE un descenso del 8% de las emisiones contaminantes en el horizonte de 2008-2012 respecto al nivel de 1990.
Para el ministro alemán, Kioto «es un primer paso en la buena dirección, pero las investigaciones científicas muestran que la evolución es mucho más rápida y las consecuencias más graves de lo que se pensaba inicialmente». Olin le dio la razón e insistió en que «hay que actuar con urgencia».
