La Declaración Universal de los Derechos de los Animales de Octubre de 1978 lo dice bien claro: «ningún animal será sometido a malos tratos ni actos de crueldad. Si es necesario la muerte de un animal, ésta debe ser instantánea, indolora y no generadora de angustia». Pese a todo cada año miles de perros son abandonados y, en su gran mayoría, mueren. Muchos de ellos proceden de camadas no deseadas, mientras que otros responden a la compra impulsiva de un animal sin reflexionar sobre sus responsabilidades. La nueva reforma del Código Penal tipifica el maltrato como delito y el abandono de animales domésticos como falta.
«Los animales domésticos se han convertido en un artículo de consumo. Para atajar el problema del abandono indiscriminado de animales es necesaria una actuación común entre la Administración, los colegios veterinarios y las organizaciones protectoras porque somos los que denunciamos el problema y exigimos soluciones», manifestó Nacho Paunero, presidente de la Asociación para el Bienestar de los Animales «El Refugio» durante la presentación de la campaña estival «Todos contra el abandono».
«El Refugio» considera fundamental prestar atención al problema de los animales abandonados, especialmente en época de vacaciones. Año tras año, el número de abandonos aumenta. De hecho, la situación de impunidad de aquellas personas que maltratan y abandonan a su mascota provoca que vuelvan a incurrir en la misma conducta. Para Paunero, es precisamente «la ley la que permite que se den estas situaciones».
En la actualidad, en España no existe una legislación nacional que contemple la protección de los animales domésticos. En este sentido, algunas comunidades autónomas tienen leyes de protección, pero otras carecen de ellas.
A partir del próximo mes de octubre, con la entrada en vigor de la reforma del Código Penal, el maltrato a los animales domésticos será considerado delito y el abandono estará tipificado como falta.
Los que incumplan la ley podrán ser castigados con la pena de prisión de tres meses a un año, o con una inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesiones u oficios que tengan relación con los animales.
